<p>El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hizo un llamado para realizar una profunda y profesional revisión del texto de la Constitución de la Ciudad de México, toda vez que se quiere legalizar el comercio informal en las calles.</p>
<p>El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, dijo que resulta inaceptable que, mediante el reconocimiento y el otorgamiento de derechos y prerrogativas al comercio ambulante, se legitime una actividad que resulta ilegal, privatizando así constitucionalmente el espacio público.</p>
<p>Agregó que no hay en la iniciativa un mecanismo que postule una transición hacia la formalidad de esta actividad, pero además, se crea un incentivo perverso para la perpetuación de la informalidad, que condena a la ciudad a recursos disminuidos, y a los mismos trabajadores a ver limitado su crecimiento y bienestar futuro.</p>
<p>Castañón destacó que a nivel nacional, el sector privado está a favor de una Constitución para la capital del país, pero dijo que debe evitarse que este ejercicio político se vuelva un instrumento para consignar aspiraciones, agendas y programas partidistas, ideológicos o de grupo.</p>
<p>Menciona que no hay en la iniciativa un mecanismo que postule una transición hacia la formalidad de esta actividad y se crea un incentivo perverso para la perpetuación de la informalidad.</p>
<p>“No podemos legalizar y dar carta de pleno derecho a lo que es irregular por naturaleza. Más aún, ante el desafío de que cerca de 75 por ciento de la incautación nacional de piratería se realiza en la Ciudad de México”.</p>
<p>El presidente del CCE refiere que existen diversas iniciativas relacionadas con consultas vinculantes en materia ciudadana, marchas y manifestaciones, plusvalías de inmuebles, y uso de suelo, entre otras, que pueden desincentivar de forma grave la inversión en la ciudad, la generación de empleo y la movilidad social.</p>
<p>Por último, dijo, hay que destacar que el proyecto invade atribuciones que competen al ámbito federal, como en disposiciones en áreas como derechos laborales, comercialización de alimentos y relaciones de consumo entre proveedores y consumidores, que ya son reguladas a nivel federal y, por tanto, no pueden ni deben ser abordadas en esta norma.</p>
<p>La Constitución debe considerar explícitamente el fomento a la industria, el comercio, la prestación de servicios y el turismo, como actividades que permitan generar empleos en beneficio de la comunidad y en favor de una justa distribución del ingreso y la riqueza.</p>
<p>En su opinión, en el texto actual, falta precisar el reconocimiento a la libre iniciativa de las personas y las empresas como motor fundamental del crecimiento económico que garantizará mejores condiciones de bienestar para los ciudadanos, y también es fundamental proveer de manera explícita condiciones propicias para promover el crecimiento y la competitividad.</p>
