Ofrecer incentivos fiscales no es por sí solo el principal atractivo para que una empresa decida instalarse en el país, ni la mera utilización de la figura jurídica de ZEE es garantía de certidumbre jurídica para un inversionista.
A seis meses de la publicación de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y su Reglamento, -instrumentos que regulan la planeación, establecimiento y operación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) en México- su temprano desarrollo enfrenta riesgos significativos que, de no ser mitigados, pueden convertir esta valiosa oportunidad de crecimiento en la región sur del país, en un fallido intento más.
De acuerdo a la legislación, las ZEE son áreas geográficas sujetas a un régimen especial, en las cuales se podrán realizar actividades de manufactura, agroindustria, procesamiento, transformación y almacenamiento de materias primas e insumos; innovación y desarrollo científico y tecnológico, así como la prestación de servicios de soporte a esas tareas, entre otras actividades.
Entre los requisitos para la declaración de una ZEE en el país se encuentran: ubicarse entre las diez entidades federativas con mayor incidencia de pobreza extrema, de acuerdo con información de CONEVAL; tener una ubicación estratégica para el desarrollo de la actividad productiva; prever la instalación de sectores productivos de acuerdo con las ventajas comparativas y vocación productiva de la zona, y establecerse en uno o más municipios cuya población conjunta sea entre 50 mil y 500 mil habitantes.
El plan a ejecutar no sólo es novedoso, sino conveniente para el crecimiento económico de las regiones del país con mayores rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población. Con este objetivo, las ZEE serán establecidas en Puerto Lázaro Cárdenas, que incluye municipios vecinos de Michoacán y Guerrero; en el Corredor del Istmo de Tehuantepec, que incluye los polos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, y en Puerto Chiapas, Chiapas.
La meta de los gobiernos federal, de las entidades federativas y municipales es sin duda ambiciosa, ya que gran parte de su éxito dependerá principalmente de la capacidad de los gobiernos para garantizar un clima de inversión óptimo, así como del desarrollo de capital humano a nivel local. En este sentido, su implementación puede verse frustrada por condiciones como la inestabilidad social, la incertidumbre jurídica y la inseguridad presente en determinadas zonas, principalmente en la región del Istmo.
Respecto a la conflictividad social, diversas organizaciones locales en el Istmo se han manifestado en contra del proyecto, bajo el argumento de que la llegada de grandes empresas trasnacionales y extranjeras al Istmo amenaza los derechos de los pueblos indígenas, como ha sucedido con proyectos mineros y de energía renovable. Por lo tanto, consideran necesario que las empresas y la autoridad cumplan con el derecho de consulta a la población.
En esta cuestión, si bien la legislación contempla la realización de una Evaluación Estratégica para conocer los riesgos sociales y ambientales relativos al establecimiento de una ZEE y su área de influencia; así como la realización de una Consulta en caso de que existan comunidades y pueblos indígenas en las localidades donde se pretende establecer la ZEE; los procedimientos de ambas figuras son escuetos, situación que se asemeja a la del desarrollo de proyectos en el sector energético. Aunado a esto, la capacidad y los mecanismos de coordinación entre la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la autoridad federal para realizar consultas, aún son inciertas.
Por otro lado, desde el punto de vista ambiental, se considera que la instalación de las ZEE se pretende hacer en estados con una gran biodiversidad y recursos forestales, lo cual puede crear conflictos por la tenencia de la tierra con las culturas locales y la conservación de los ecosistemas. En este sentido, los ambientalistas han alegado por el respeto de las áreas naturales protegidas y del uso del suelo forestal en las zonas involucradas, y cuestionado las formas de desarrollo que se pretenden establecer en las zonas rurales. Dichas inquietudes deberán ser igualmente mitigadas a través de la realización de los estudios de impacto ambiental señalados en la legislación.
En lo relativo a la certeza jurídica y la seguridad en el Istmo, situaciones como los bloqueos y protestas de la CNTE, la imposición de derechos municipales inconstitucionales, las extorsiones por parte de opositores al desarrollo de proyectos (que dicho coloquialmente ya son pan de cada día), y la presencia del crimen organizado, por citar algunos ejemplos, son factores que más allá de incentivar la inversión, la ahuyentan, al ser claros signos de ingobernabilidad.
A pesar de que el desarrollo de las ZEE está en su etapa de arranque, es preciso que el gobierno esté consciente que ofrecer incentivos fiscales a las empresas no es por sí solo el principal atractivo para que una empresa decida instalarse en el país, ni la mera utilización de la figura jurídica de ZEE es garantía de certidumbre jurídica para un inversionista. El éxito de una ZEE depende de una serie de incentivos como infraestructura de primer nivel, agua y electricidad permanentes, cercanía con centros urbanos, simplicidad institucional en trámites y pago de impuestos, acceso al mercado local y el desarrollo de capital humano.
Si bien no se pone en duda el inmenso potencial que estas zonas tienen (en particular el corredor del Istmo) para el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales y minerales, para la generación de energía limpia y para el comercio internacional, es indispensable no obviar la importancia de la estabilidad social para el éxito de un proyecto de grandes dimensiones, la cual sigue siendo un reto para el sector de las renovables en la región, indispensables para la provisión de electricidad a las ZEE.