Desde julio pasado, cuando el presidente López Obrador anunció su intención de abrir los Tianguis del Bienestar para distribuir entre la población de escasos recursos mercancía decomisada —como ropa, zapatos y juguetes— en lugar de que esté guardada en espera de ser destruidos, la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex) y la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive) se manifestaron en contra de esta propuesta, pues además de violar la Ley Aduanera, la Ley de Propiedad industrial y Tratados Comerciales, afectará a la industria por el desplazamiento de los productos.
El argumento del gobierno es que estos productos no serán comercializados, sino donados en 70 comunidades de pobreza extrema de Guerrero, Oaxaca Chiapas y Veracruz. Sin embargo, en el caso de artículos pirata, el T-MEC establece que “las mercancías involucradas en la infracción de un derecho de propiedad intelectual” no deben ingresar en círculos comerciales.
Las subastas que realiza el Indep se realizan con órdenes de un juez, al igual que la donación, pero no de productos decomisados en operativos contra la piratería.
OPACIDAD EN REGLAS Y OPERACIÓN
Son muchas las dudas sobre cómo operarán estos Tianguis Bienestar, que estarán bajo la coordinación de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez. Para empezar, no se ha publicado un decreto que los regule y que especifique, entre otros temas, el origen del decomiso y la resolución de un juez; si hay un padrón de beneficiarios; si hay negociación con las empresas afectadas por la violación de su marca y derechos de propiedad industrial y que tipo de control se tendrá para evitar que estos artículos no sean posteriormente comercializados. Y estamos hablando de 1.8 millones de productos, lo que dificultará su adecuado control. Está, además, la arista político-electoral porque, como en el caso de la regularización de autos chocolate, el objetivo es ayudar a los más pobres, el problema es que se legaliza el contrabando.
BANXICO: MAYOR TRANSPARENCIA
El Premio Naranja Dulce es para el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, por la mayor transparencia en la comunicación de las decisiones de política monetaria. El mismo día de la Junta de Gobierno se informa quiénes votaron a favor o en contra y además se publican también pronósticos de la inflación general y subyacentes hasta el tercer trimestre de 2023, con una comparación con el comportamiento de la inflación y lo estimado en el último Informe Trimestral.
SAT: REZAGO DE TRÁMITES Y CITAS
El Premio Limón Agrio es para Raquel Buenrostro, jefa del SAT, por los problemas que enfrentan los contribuyentes para realizar sus trámites y obtener citas.
El problema se originó por la pandemia y generó un rezago que no se ha resuelto. Mientras que entre 2017 y 2019 se atendían a un promedio de 14 millones de contribuyentes al año, en 2020 bajó a 6 millones.
Aunque el SAT asegura que los niveles de atención de 2021 son similares a los de 2018, reconoce que falta abatir 68% del rezago. Un problema adicional es que se detectaron a vivales que, con granjas de bots y apoyos de servidores el SAT, acapararon citas para venderlas y que ya fueron identificados y bloqueados.
