El Economista. Para el 2019, se proyecta un recorte de 43,467 millones de pesos en el Ramo 23: Provisiones Salariales y Económicas, respecto con el monto aprobado en este año.
Antes de que se entregara el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el siguiente ejercicio fiscal, los gobiernos estatales y municipales estaban preocupados por una posible eliminación del ramo, debido al peso que tienen en el total de recursos federales que reciben; al final, sólo fue un recorte.
En el PPEF 2019 se prevén 112,997 millones de pesos para el Ramo 23, frente a 156,463 millones de pesos en el PEF 2018; es decir, una disminución nominal de 27.8%, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Sin embargo, esta caída no afectaría al gasto federalizado. Según los Criterios Generales de Política Económica, se estima transferir a los estados y municipios 1.90 billones de pesos, monto superior en 2.1% en términos reales a la cifra aprobada para este año.
Del total de recursos para los gobiernos locales, 48.2% corresponde al pago de participaciones; 41.5%, a las aportaciones que se canalizan a destinos específicos como educación, salud, infraestructura social y seguridad pública, y el restante 10.3%, a otros conceptos en los que se encuentran las asignaciones para convenios de coordinación, subsidios y otros gastos (en este porcentaje se incluye el Ramo 23).
En el PPEF, se observan aumentos reales en participaciones y aportaciones, en comparación con el PEF 2018, de 8.4 y 2.4%, respectivamente.
En este sentido, los ramos más importantes son participaciones y aportaciones. El primero, de ejercicio libre, depende del nivel de recaudación, el cual se determina por la actividad económica y petrolera. El segundo solventa prioridades.
En el PPEF se lee que el Ramo 23 “es un instrumento de política presupuestaria que permite atender las obligaciones del gobierno federal, cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las entidades, específicamente este ramo se encarga de las provisiones salariales y económicas para el cumplimiento del balance presupuestario, el control de las ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado, con cargo a modificaciones en ingresos, operación de mecanismos de control y cierre presupuestario y otorgar provisiones económicas a través de fondos específicos a entidades federativas y municipios”.
Inquietud
El estado más preocupado por el recorte al Ramo 23 es Campeche, ya que 11.3% de su gasto federalizado en los primeros 10 meses del 2018 provino de este rubro conocido como la caja negra por la falta de reglas de operación en algunos fondos.
A la entidad petrolera le siguieron, en nivel de preocupación por el peso del Ramo 23, Baja California Sur (10.5%), Sinaloa, Durango (ambos con 10.1%), Coahuila (9.3%), Colima (8.4%), Yucatán (8.3%) y Guerrero (8.0 por ciento).
A este escenario se suma la dependencia a recursos federales que tienen las entidades. Por ejemplo, de los ingresos totales de Guerrero en el 2017, sólo 3.1% fue propio (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos).
Es importante señalar que los ingresos totales de los gobiernos subnacionales se componen del gasto federalizado (80.0% en promedio de contribución), ingresos propios e ingresos derivados de financiamiento.
No obstante, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las cifras del Ramo 23 varían en el transcurso del ejercicio fiscal. En el PEF 2017 se asignaron 131,865.6 millones de pesos para el ramo, mientras las estadísticas de la SHCP revelan que se ejecutaron 131,820.7 millones. Transparencia Presupuestaria registra que el año pasado los recursos modificados fueron por 387,500.3 millones de pesos, un monto superior en más de 190% en ambos datos.
Asimismo, de los recursos del gasto federalizado que se ubican en el rubro de no distribuible, no existe información de la distribución por entidad federativa, 97.3% refiere al Ramo 23.
