Actualmente, el consumo de productos mexicanos contribuye con el 60% del PIB, cifra que debería elevarse tras de que el gobierno mexicano anunciara el relanzamiento del distintivo Hecho en México, herramienta para contrarrestar la amenaza de las políticas económicas del gobierno de Donald Trump.
Instancias como Hacienda, de José Antonio Meade; Economía, de Ildefonso Guajardo; Trabajo y Previsión Social, de Alfonso Navarrete, y la cancillería, de Luis Videgaray, deben garantizar y supervisar que rubros como el contenido nacional y las compras de gobierno se cumplan a cabalidad.
Economía, vía la Subsecretaría de Desarrollo y Normatividad, a cargo de Rocío Ruiz, y la Dirección General de Normas, de Alberto Esteban, son las instancias encargadas de garantizar que los productos y servicios cumplan con ese distintivo que hoy se rescata y se impulsa con fuerza.
Por parte de la iniciativa privada, serán las empresas afiliadas a la Concamin, que preside Manuel Herrera, quienes pongan la lupa en distinguir y señalar productos y empresas, situación que significará un incremento del mercado interno, nuevas inversiones, apoyo a productores locales y defensa de empleos.
Es aquí donde resalta la importancia del organismo que actuará como el vigilante y garante de que los productos que usen el sello Hecho en México cumplan con los requisitos para poder ostentarlo, pues ya de por sí, hoy en día, la piratería representa un negocio de más de 120 mil millones de dólares anuales.
Hablamos de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), de Jesús Cabrera Gómez, encargada de avalar a los diversos organismos de certificación, mismos que deben pasar por diversas pruebas y evaluaciones para poder contar con la licencia de la Secretaría de Economía, la cual les permitirá, a su vez, avalar el cumplimiento de los requisitos para quienes deseen portar este sello.
Por “requisitos” entiéndase bien que el producto sea obtenido en su totalidad o producido enteramente en México; que sea fabricado exclusivamente a partir de materiales que califican como originarios del país, esto de conformidad con los tratados o acuerdos comerciales que México haya suscrito.
De igual forma, que sea elaborado con bienes no originarios, pero que sí se produzcan y manufacturen en el país; y que el valor de transacción de los materiales no originarios no exceda del porcentaje establecido para cada sector con respecto de su valor comercial.
En conclusión, lo que se busca con esto es que los poco más de 120 millones de mexicanos consuman, en su mayoría, lo nacional, lo que, por naturaleza, echaría a andar el motor económico, es decir, las propias empresas, quienes generan empleos, riqueza y estabilidad social.
DESABASTO II
¿Qué sigue retrasado la firma de los contratos de distribución de medicamentos de patente?
Los voceros del IMSS, que dirige Mikel Arriola, aseguraron que la semana pasada se firmarían las respectivas asignaciones para dispersar las medicinas. Pero la realidad es que todavía no hay rúbricas.
Le decía que la razón principal de ese desfase fue el retraso de la Comisión Nacional de Precios (CNP) para enviar el comunicado al IMSS del término y resultado de la negociación con los laboratorios. El comunicado lo mandó dicha instancia al Seguro Social el 22 de diciembre 2016.
Dato curioso, el actual presidente de la CNP, designado personalmente por el presidente Enrique Peña Nieto, llegó a ésta apenas unos meses antes de la conclusión del periodo de licitación. El IMSS ha venido solicitando a los laboratorios documentos un tanto cuanto ilógicos.
Por ejemplo: que la casa matriz del propio laboratorio que opera en México extienda al segundo un contrato con la primera, en español, para confirmar la legalidad de venta. También contratos de exclusividad de los laboratorios a los distribuidores.
Pero ello es imposible porque es un tema que contraviene las regulaciones de Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y, más aún, transgrede los principios de “compliance” de cada una de las farmacéuticas internacionales que operan aquí.
El retraso en la firma y suministro inmediato de medicamentos de patentes a las instituciones de salud ha ocasionado que el IMSS autorice y dé partidas extraordinarias a sus unidades de salud para la compra extraordinaria de medicamentos.
Lo anterior se calcula en un 10%, lo que está dando rienda suelta a la discrecionalidad y a la poca transparencia. Esto es lamentable porque hay casos documentados de distribuidores de dudosa calidad que están haciendo su agosto con la complicidad de autoridades locales.
Lo más grave es que los servicios de salud de las secretarías de la Defensa y Marina, así como de Pemex, del ISSSTE y de los institutos de salud que dependen de la Secretaría de Salud, no tienen la misma flexibilidad y ya están sufriendo desabastos por la falta de suministro de medicamentos.
Le decía que los tratamientos para VIH sida, hemofilia y oncología son los que ya escasean.
