El Economista, Economía, Elizabeth Albarrán
El procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, informó que hasta la fecha se han registrado 2,200 amparos en contra de la eliminación de la compensación universal, que se aprobó en el Paquete Económico del 2019.
“Llevamos cerca de 2,200 amparos (…) en trámite, cerca de 300 suspensiones concedidas que estamos recurriendo. Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determine sobre su constitucionalidad”, expuso, luego de participar en el panel “Fortalecimiento de las haciendas públicas federal y locales” en la Cámara de Diputados.
A su parecer, no habrá marcha atrás sobre dicha iniciativa, que se aprobó en la Ley de Ingresos de la Federación 2019, pues ya son pocos los países que mantienen esta figura, que si bien puede inducir a la evasión fiscal, también representa un desincentivo para las empresas.
“Los únicos países que tenían la compensación universal eran México, Venezuela y Panamá. Es una decisión para ir acorde con la sinfonía internacional. Creo que la compensación es algo a lo que hay que darle vuelta a la página”, dijo durante su participación en el II Foro entre Legisladores en Materia Hacendaria: Reforma de las Haciendas Públicas, que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados.
La compensación universal es un esquema por el cual el contribuyente que resulte con un saldo a favor, por ejemplo del Impuesto al Valor Agregado (IVA), podrá pagar otros impuestos que deba con éste, es decir, lo compensa.
Difícil que procedan amparos
Al respecto, Juvenal Lobato, vicepresidente de la Comisión Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideró difícil que puedan proceder los amparos, porque es un tema más económico que jurídico.
“En Coparmex lo que se ha dicho es que cada asociado decida si se va al amparo o no”, afirmó el abogado fiscalista.
A su parecer, el problema radica en que las autoridades hacendarias se tarden en regresar el dinero, porque para las empresas representa un flujo de efectivo para su día a día.
“Jurídicamente quizá no van a proceder los amparos. Va a ser difícil, pero es una decisión económica de por qué limitas a las empresas de tener ese flujo de dinero y después lo van a tener que pedir a través de un proceso burocrático”.
Refirió que como abogado no ha promovido amparos, porque es casi seguro que no procedan. “El amparo se va a resolver en un año y medio, y en ese año y medio ya tuve que haber presentado mi declaración anual, pedir mi devolución e incluso ya me la habrían dado. El problema no es jurídico, sino económico, porque durante un año no me dejaron tener el dinero para poder compensar”, concluyó.
Apoyarán a cumplidos
Lobato agregó que lo que sí buscarán apoyar es que a los contribuyentes que son cumplidos se les devuelva más rápido su dinero.
“Si acredito que presento mis declaraciones, que no estoy en la lista del 69-B y que llevo cierto tiempo cumpliendo mis obligaciones fiscales, entonces hazme mi devolución. Eso es lo que buscamos que pueda proceder”, concluyó.
