Expansión / Opinión / Alberto González Piñón
Para México no es la excepción, hoy este concepto permea las políticas de desarrollo, una aproximación nos la ofrece el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al informar que el sector industrial nacional disminuyó 1.0% a tasa anual y 0.3% en términos reales durante el último mes del 2019.
En la actualidad solo existe una política industrial insinuada, con bajo impacto y no proactiva, en donde la tarea de desarrollo industrial nacional sigue sujetándose al factor exportador de la manufactura mexicana, con un evidente daño al mercado interno.
El pasado 11 de febrero con motivo del simposio “T- MEC y política industrial en México” la Subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, afirmó: “el Tratado México, Estados Unidos y Canadá marca la certidumbre que requiere América del Norte para que las empresas sepan hacia dónde dirigir sus inversiones, para que el inversionista extranjero entienda cuáles son las nuevas reglas y también para apuntalar la participación de la región en la economía internacional”.
La industria mexicana requiere para su desarrollo de un conjunto de acciones que busquen resolver las distorsiones de mercado, sobre todo cuando las asignaciones de libre mercado de los bienes y servicios en la economía no son eficientes.
El desarrollo tecnológico se requiere tanto en la producción de bienes industriales, como en los procesos agrícolas y en los servicios. La investigación, creación y apropiación del conocimiento y su transformación en nuevas tecnologías son parte de la riqueza de las naciones más desarrolladas y explican su crecimiento económico.
El país requiere impulsar el desarrollo industrial en territorios delimitados donde a través de las micro y pequeñas empresas, impulsando organizaciones verticales u horizontales, cuyo mercado objetivo sea local o nacional, esto promovería una mejora en el nivel de vida de la población, derivado de la modernización y el empleo.
El reto es pasar a actividades de mayor valor agregado, lo cual requiere de elevar el nivel tecnológico de lo producido y construir o reorganizar cadenas productivas que consideren las debilidades y fortalezas de las diversas ramas industriales.
De acuerdo con el Inegi, de las 29 especialidades que integran el sector industrial, 20 cerraron el 2019 con retrocesos en su producción, que oscilaron entre -0.5% de la industria del papel hasta -13.1% de los trabajos especializados de la industria de la construcción.
Para esto es indispensable diseñar estrategias de desarrollo endógeno local y potenciar la incorporación del conocimiento científico y tecnológico a los factores de la producción, promover que las universidades y centros de investigación se orienten también a la innovación, para impulsar procesos de mayor vinculación de la academia al mundo empresarial, promover con mayor fuerza la participación de empresarios del sector privado en las juntas directivas de universidades.
Adicionalmente, es fundamental apoyar, mediante líneas de financiamiento y programas de acompañamiento, la creación y fortalecimiento de centros de innovación y trasferencia tecnológica en universidades; estos centros pueden jugar un papel preponderante en el desarrollo científico, la adaptación tecnológica y la aplicación del conocimiento en los mercados.
Con base en fuentes oficiales de información que contabilizan los vínculos de flujos de producción, consumo e ingreso entre diferentes sectores o industrias, así como al interior y entre países, es posible afirmar para el caso mexicano que más del 60% de las exportaciones de hoy corresponden al sistema maquilador nacido en 1970 y que a partir del TLCAN, hasta el T- MEC, ha recibido un impulso a razón del escaso valor agregado aportado por la industria maquiladora.
La política industrial del país debe estar anclada en hacer que las Pymes en su conjunto se conviertan en el mayor propulsor del crecimiento, por lo que el fomento de su desarrollo y en particular de su capacidad de innovación, es una cuestión fundamental, pues esta desempeña una función esencial en el mantenimiento de la competitividad de la economía.
Para ampliar los incentivos al espíritu innovador de las empresas se puede recurrir, por ejemplo, a la concesión de desgravaciones fiscales a las innovaciones de las nuevas empresas y la adopción de políticas de apoyo a la colaboración entre el gobierno, la industria y las instituciones académicas.
Además, inversiones públicas en educación e investigación, y apoyo a la cooperación y la actividad empresarial. Esto permitiría que las empresas aprendieran a beneficiarse rápidamente de la innovación hasta convertirse en altamente especializadas.
Si bien es cierto que hoy existen instrumentos de apoyo a las Pymes, también es claro que han desaparecido las tareas de promoción industrial, de los cuales en el pasado se identificaron ramas y empresas a priorizar para el desarrollo de la economía del país.
Nota del editor: Juan Alberto González Piñón es director de Spark UP y académico de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana. Las opiniones expresadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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