El Economista, Economía, Lilia González
La caída en la recaudación por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR) registrada en el año y sobre todo en julio está ligada al menor crecimiento económico y a políticas fiscales, lo cual podría provocar problemas de ingresos para el gobierno y continuar con la tendencia a la baja, consideró el sector privado.
La Secretaría de Hacienda dio a conocer los resultados sobre las finanzas públicas para el periodo enero-julio, con resultados “sorpresivos en materia de ingresos”, que registraron una caída anual de 2.7% real, al sumar un total de 3.05 billones de pesos , monto que, comparado con la cifra presupuestada para ese lapso, resultó inferior en 89,400 millones de pesos.
“Es de suponer que esté relacionada al menor crecimiento de la economía y que pueda ser una tendencia de caída hacia adelante, pero hay que esperar más información para confirmarlo”, expresó el Centro de Estudios Económicos del Sector privado (CEESP).
El organismo privado aglutinado en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) definió tres factores posibles de la baja de ingresos tributarios: ingresos excedentes; menor venta de petrolíferos y menor captación de Impuesto sobre el Valor Agregado e ISR.
A través de su análisis semanal, el CEESP refirió que algunos relacionan este comportamiento principalmente con la desaceleración de la actividad económica. “Es cierto que el menor dinamismo de la economía reduce normalmente la recaudación de impuestos, una mirada con mayor detalle a la información de los ingresos de julio y su evolución respecto al año pasado revela que en buena medida su caída se explica por factores particulares, no todos relacionados con el magro crecimiento de la economía”, destacó.
En el análisis del Paquete Económico para el 2020 por comenzar, una de las principales preocupaciones es la salud de las finanzas públicas en un entorno de menor crecimiento, toda vez que es una variable fundamental para mantener la estabilidad macroeconómica.
Los analistas del sector privado precisaron que la reducción del gasto gubernamental es bienvenida en la medida que significa un ahorro y una racionalización en el uso de los recursos públicos.
No obstante, “puede ser excesiva y dañina si entorpece la actividad del gobierno en favor de la economía, como en el caso de la provisión de servicios de salud, ecológicos y educativos, por ejemplo, o si la contracción se da en la inversión pública. De hecho, para el periodo enero-julio ésta fue 15.8% menor a la del mismo periodo del 2018”.
Desde la perspectiva del CEESP, es posible que el magro ritmo de crecimiento de la economía cause a su vez en mayor debilitamiento de las fuentes de recursos del sector público, lo cual pondría en riesgo el cumplimiento de las obligaciones del gobierno con la población y dificultaría el mejoramiento del bienestar de la población.