El Tratado Integral y Progresista de Asociación TransPacífico (mejor conocido como el TPP–11) será aprobado en los próximos días la mayoría del PRI y PAN en el Senado de la República, ocasionará severos daños a la economía nacional. En dicho documento se señala que el TPP–11 “contribuye a mantener mercados abiertos, incrementar el comercio mundial y crear nuevas oportunidades económicas para las personas”. Se reitera el mismo planteamiento que se mencionó cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Sin embargo, tales objetivos de crecimiento y nuevas oportunidades para las personas no se han dado. Los resultados de los mercados abiertos para México, como para la mayoría de los países, han sido de menos industria, menos generación de empleo, menos crecimiento económico, menores salarios y menores oportunidades económicas para las personas. No por nada, Estados Unidos, la principal economía del mundo, ha dicho no al TPP y está replanteando el libre comercio y está a favor de políticas arancelarias proteccionistas para recuperar su desarrollo industrial y su crecimiento económico, y en cambio el gobierno mexicano sigue apostando por una estrategia de crecimiento fallida de libre comercio, que solo ha favorecido a las empresas transnacionales, a las cuales sirven aquellos que defienden estos tratados de libre comercio.
Con este Tratado TransPacífico se pretende “promover mayor integración económica regional y cooperación… aceleración de la liberalización regional del comercio y la inversión”. La mayor integración económica regional con países disímiles nos ha llevado a déficit de comercio exterior, dado que las importaciones crecen más que las exportaciones, por lo que hemos pasado a depender de la entrada de capitales. Para asegurar dichos flujos de capital, la política económica se ha tenido que encaminar a promover su entrada, a través de altas tasas de interés y de políticas de austeridad fiscal y de privatización y extranjerización, lo que ha actuado en detrimento del crecimiento económico, como de la atención de las demandas nacionales de empleo y bienestar de los mexicanos.
Se nos dice que con dicha integración económica se contribuirá a “elevar los estándares de vida, beneficiar a los consumidores, reducir la pobreza y promover el crecimiento sostenible”. Se preocupan por el bienestar de los consumidores, y no de los productores y trabajadores nacionales. Para ser consumidor, hay que tener ingreso, y si no hay generación de empleo, no se tiene ingreso asegurado para poder consumir, y el TPP–11 y el libre comercio atentan sobre los productores y trabajadores nacionales dada nuestra menor productividad y competitividad frente a nuestros adversarios comerciales, tal como se ha evidenciado en las últimas décadas, donde se ha promocionado el libre comercio desde 1986 cuando México ingresó al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), lo que hoy es la Organización Mundial de Comercio (OMC).
El Capítulo 9 del TPP–11 correspondiente a la Inversión, “otorga derechos al inversionista con respecto a recursos naturales que una autoridad nacional controla, tales como petróleo, gas natural, minerales de tierra, madera para su explotación, extracción, refinamiento, transporte, distribución o venta”. Esto evidencia como van mancomunadas las reformas estructurales, en este caso la reforma energética, con el TPP–11, de abrir los sectores estratégicos al capital internacional, lo que demuestra que no hay Proyecto de Nación alguno por parte del presente gobierno, como de los senadores que han aprobado dichas reformas estructurales y aprobarán el TPP–11.
El Capítulo 9 del TPP–11, impide imponer o hacer cumplir a los inversionistas extranjeros “cualquier requisito o hacer cumplir cualquier obligación o compromiso, sea: para exportar un determinado nivel o porcentaje de mercancías o servicios; para alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional; para adquirir, utilizar u otorgar preferencia a mercancías producidas en el territorio; o para transferir tecnología”. Se les da libertad absoluta de acción a los inversionistas extranjeros, y el gobierno no podrá condicionar su participación a que aumenten el contenido nacional de lo que exporten o produzcan, o para transferir tecnología a empresas nacionales, o para que consuman productos nacionales. Hay que tomar en cuenta que China ha avanzado tecnológicamente y en su desarrollo económico, porque obliga a las empresas transnacionales que se ubican en su país. A transferir tecnología al gobierno y éste se las transfiere a sus empresas nacionales.
De tal forma, con las facilidades que el TPP–11 otorga a las inversiones, éstas vendrán a lucrar y no a impulsar la producción nacional, ni a reducir el déficit de comercio exterior, ni a impulsar el crecimiento económico y el empleo, y además, el gobierno tendrá que garantizarles las divisas necesarias para que realicen sus transferencias a su lugar de origen, lo que implicará mayor descapitalización y sobreendeudamiento de nuestra economía.