El Economista, Opinión / Más Allá de Cantarell, Pablo Zárate
Hace un par de años, cuando Bloomberg reveló el interés de algunos inversionistas para convertir a México en el Canal de Panamá de gas, quedó muy claro que el principal obstáculo que la industria tendría que superar no sería técnico. Como la CNH estimó en su momento, enviar gas natural licuado (LNG, por sus siglas en inglés) texano desde Manzanillo en lugar de mandarlo desde Louisiana, como se hace ahora, sería más rápido y barato: hasta por 14 días y casi 2 dólares por millón de BTU. El contexto energético es muy favorable. Texas, de acuerdo con todos los pronósticos, tiene que seguir buscando mercados para sus excedentes de gas; Estados Unidos no ha logrado desarrollar un plan creíble para exportar LNG desde su costa del Pacífico y México ofrece una salida geográfica mucho más eficiente.
Claro que, como en todos los proyectos de infraestructura, construir un Canal de Panamá, aunque sea sólo de gas, conlleva riesgos económicos significativos. Durante las varias décadas en las que un proyecto así operaría, los productores texanos podrían producir menos de lo esperado, los precios de su gas, relativos al asiático, podrían aumentar y sus clientes podrían irse por alguna otra alternativa para abastecer sus necesidades. A pesar de estos retos, al menos dos empresas han anunciado proyectos de exportación de gas texano desde territorio mexicano: Sempra, con Energía Costa Azul, y Mexico Pacific Limited, desde Puerto Libertad.
Ambas siguen avanzando con pasos agigantados en los procesos ingenieriles y han resuelto no sólo buena parte de los retos comerciales/contractuales preliminares sino también, muy importante, el proceso regulatorio estadounidense. El Departamento de Estado de Estados Unidos les ha concedido el permiso para exportar gas vía gasoducto hacia México con un destino final mucho más lejano, en países como China, Corea del Sur, Japón e India. Ambas han anunciado que están en la antesala de tomar su decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés).En ambos casos, el banderazo oficial de salida para el desarrollo del proyecto podría ocurrir en la primera mitad del 2020.
En medio de este proceso, falta un trámite indispensable para ambos proyectos. Tal y como el DOE estadounidense lo aprobó, basado en buena parte en que los países a los que se pretende enviar gas natural son aliados, del lado mexicano falta que la Secretaría de Energía de México conceda el permiso de exportación de gas natural. No hay virtualmente ningún argumento energético para rechazarlo: estamos hablando de gas estadounidense, que desactiva de tajo cualquier consideración nacionalista de producción de hidrocarburos, que iría hacia países que, para nosotros, representan oportunidades comerciales y geopolíticas. Más que energético, de hecho, es un caso de libro de texto de comercio internacional —que puede generar beneficios económicos tripartitas entre el productor, el comerciante y el consumidor.
México no necesita invertir ni arriesgarse para que ninguno de estos proyectos se desarrolle. Lo único que se necesita, en realidad, es que nuestras autoridades estrenen tanto el espíritu como la letra del nuevo T-MEC, comprometiéndose no sólo con la protección de inversiones (todo un tema en materia energética) sino también con el libre flujo comercial de bienes.
Aquí está la mesa puesta para que, en lo que transcurre el trámite oficial radicado en Sener, los equipos de Presidencia, de la Secretaría de Economía y la Cancillería, que han tenido que estar apagando fuegos en todo tipo de temas energéticos comerciales y de inversión bilateral, se luzcan con una gestión proactiva que garantice un resultado pragmático. Es un tema que se empieza a seguir con lupa, no sólo los inversionistas de nuestro socio del norte, sino también los de los mercados asiáticos. Y urge una buena noticia.
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