El Economista. Opinión. José Soto Galindo. Existe confianza en que México y Estados Unidos alcanzarán un acuerdo antes del sábado 25 de agosto para poner al día un tratado comercial. Existen dudas sobre la participación de Canadá en ese acuerdo. Esta semana será crucial. En el capítulo sobre comercio electrónico las cosas parecen claras: se prevé un resultado muy parecido a lo pactado por México con sus diez socios del TPP-11 o CPTPP (la sigla en inglés de Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico), que refrenda el libre tráfico de datos entre los países del bloque comercial y restringe la obligación de instalar servidores para el resguardo de datos en territorios locales. La franquicia, actualmente en 50 dólares desde Estados Unidos hacia México, se encuentra en el capítulo sobre trato nacional y acceso de mercancías al mercado. Podría incrementarse 100% y dejar una franquicia unificada, lo que significaría una reducción desde los 800 dólares en la vía contraria.
La renegociación del TLCAN, que se preveía exprés, se ha prolongado un año. Los reflectores estuvieron en sectores como el automotriz, donde aún no se ha pactado la modernización del acuerdo en toda su extensión, como en el caso del contenido nacional (la cantidad de piezas que integran un automóvil o una camioneta y los salarios del lugar de origen de su fabricación). Otro tema es la cláusula sunset, que prevé la rescisión del acuerdo (deal break) cada cinco años a menos que los miembros acuerden lo contrario.
Comercio electrónico no fue un tema de mayor discordia durante la renegociación. Queda claro que la globalización y las tecnologías digitales hacen del comercio electrónico una herramienta ineludible. Una franquicia a 100 dólares podría poner en desventaja a textileros y productores de calzado. Los servicios aduaneros y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) deberán imponer mayor rigor al papeleo administrativo y la revisión de las mercaderías que crucen la frontera. Si las cosas se acuerdan como en el TPP-11, México incluso podría diseñar impuestos locales que eviten incompatibilidad con el acuerdo.
Conviene destacar un foco de atención. La Corte Suprema avaló en junio pasado el cobro de impuestos al comercio electrónico en Dakota del Sur, luego de 27 años de exención a los minoristas sin presencia física en los estados donde se desarrollaba el comercio. La Corte Suprema dio reversa a un mandato de 1991 que, en palabras el juez Anthony M. Kennedy y proyectista del nuevo régimen, ponía “a las empresas locales y a muchas empresas interestatales con presencia física en desventaja competitiva en relación con los minoristas remotos”. Estos minoristas, continúa el fallo de Kennedy, “pueden evitar las cargas regulatorias de la recaudación de impuestos y pueden ofrecer precios de facto más bajos causados por la falla generalizada de los consumidores para declarar los impuestos al consumo por sí mismos”. Se prevé que tras Dakota del Sur otros estados de la Unión Americana aprueben leyes similares para gravar el comercio electrónico localmente.
México y Estados Unidos entran a la recta final de una negociación que puede concluir en un acuerdo sin la participación de Canadá. Pero cualquier cosa puede pasar. Se esperaba un diálogo expedito y aquí estamos en la víspera de las elecciones de medio mandato de Donald Trump. Sin importar lo que se resuelva esta semana, México debe aprender que existe un mundo más allá de Estados Unidos, que hay más mercados donde comercializar, aunque eso signifique mayor complejidad para el trasiego de mercaderías, y nuevas habilidades para relacionarse con personas de otras culturas.