Periódico Correo, Nacional, Redacción.
Ciudad de México.- Entre críticas y modificaciones de último momento, el Senado aprobó reformas que tipifican como delincuencia organizada a la defraudación fiscal y que buscan combatir a las empresas fantasma y la compraventa de facturas falsas.
El PAN adelantó que ante las inconsistencias en las reformas aprobadas, presentará una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues considera que criminalizan a los contribuyentes.
“Se trata de terrorismo fiscal hacia los ciudadanos y las empresas. En Acción Nacional estamos a favor de combatir la defraudación fiscal, pero no de promover el terrorismo fiscal”, indicaron los panistas.
Con el voto en contra del PAN y del PRI, las reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al Código Fiscal de la Federación, a la Ley de Seguridad Nacional y al Código Nacional de Procedimientos Penales, fueron enviadas a la Cámara Baja para su análisis y su posible aprobación.
Entre los cambios que hizo Morena con respaldo de partidos Movimiento Ciudadano, del Trabajo, Verde Ecologista y de Encuentro Social, se encuentra que la defraudación fiscal ameritará prisión preventiva oficiosa únicamente cuando el monto de lo defraudado rebase los 7.8 millones de pesos.
Cuando el valor de los comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, no superen dicho margen, el responsable podrá enfrentar el proceso penal en libertad y, de demostrar su culpabilidad, tendrá una pena de dos años.
Entre los cambios que sufrió el artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación, está que se impondrán sanciones de dos a nueve años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, compre o adquiera comprobantes fiscales (facturas) inexistentes, falsas o simuladas.
Durante el debate, el senador por el PAN, Julen Rementería del Puerto, mencionó que esta reforma representa una traición para los empresarios que votaron por Morena, ya que cualquier error los podría meter a la cárcel.
En defensa del dictamen, el senador Germán Martínez (Morena) refirió que la defraudación fiscal sí es un asunto de seguridad nacional porque la realiza la delincuencia organizada. Destacó que lo que la 4T quiere es un Estado más fuerte, no empresarios más fuertes. “No les queda el papel de defensor de los empresarios, no se asuman como sus representantes.