Finalmente, el gobierno de Trump y los legisladores republicanos lograron unificar las dos versiones de la Reforma Fiscal aprobadas en la Cámara de Representantes y el Senado.
Una vez obtenida la aprobación de senadores como Marco Rubio de Florida y Bob Corker de Tennessee, cuyo voto estaba en riesgo, se da por hecho que la próxima semana se aprobará la Reforma Fiscal, que es la más ambiciosa por su baja de impuestos desde la administración de Ronald Reagan en 1985.
Se espera que mañana se apruebe ya la reforma en la Cámara de Representantes y el jueves en el Senado para que sea promulgada de inmediato por Trump, antes de Navidad, y entre en vigor en 2018.
Entre las medidas aprobadas están que el temido descenso de la tasa corporativa entre en vigor en 2018 y no hasta 2019; que la tasa para personas físicas baje de 39.6 a 37%; y deducción inmediata de inversiones para compras de equipo realizadas después del 27 de septiembre de 2017; el próximo martes se aprobará la reforma. Se propone también un estímulo a la repatriación de utilidades de 15.5% en efectivo y de 8% en valores.
Trump asegura que su reforma, que elevará el déficit en 1.5 billones de dólares —millones de millones—, se traducirá en un mayor crecimiento económico, mientras que demócratas como el excandidato presidencial Bernie Sanders la calificó de “obscenidad económica”, porque sólo beneficia a grandes empresas y a los más ricos.
El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, ha señalado que esperarán a que la reforma realmente se apruebe para poder evaluar su impacto sobre la economía mexicana y las medidas que se adoptarán para evitar una pérdida de competitividad de las empresas mexicanas frente a las de Estados Unidos, y una caída en las inversiones. Insiste en que no sólo se debe comparar la tasa de ISR para las empresas que bajará del 35 al 21%, sino también la suma de todos los impuestos federales y estatales.
TLCAN, SIN CERRAR MÁS CAPÍTULOS
Además del impacto que la Reforma Fiscal de Estados Unidos pueda realmente tener sobre la economía mexicana en 2018, otro factor de incertidumbre es qué hará Donald Trump con el TLCAN después de éste primer y gran triunfo político.
La reunión de los equipos técnicos que se realizó la semana pasada concluyó con avance en las negociaciones, pero sin cerrar siquiera los capítulos menos polémicos.
La sexta ronda se realizará en Canadá del 21 al 23 de enero, es decir, un día después de que Trump cumple su primer año de gobierno y seguramente hará referencia nuevamente a la construcción del muro en la frontera con México y presionará para que el TLCAN se modernice en beneficio de Estados Unidos.
GUAJARDO, CABILDEO PARA POSPONER TLCAN
El Premio Naranja Dulce es, por cierto, para el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien ha realizado un intenso cabildeo, primero, en viaje relámpago a Washington con líderes del Congreso, y después aprovechó la reunión de la OMC en Argentina, la semana pasada, para hablar con sus contrapartes en las negociaciones del TLCAN: Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, y Chrystia Freeland, canciller de Canadá, para posponer el cierre de las negociones hasta después de las elecciones de México, y cerrarlas ya con un nuevo Presidente electo a finales de julio o principios de agosto, antes de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Suena lógico, pero la lógica no es lo que caracteriza a Trump.
GARCÍA CABEZA DE VACA LEGALIZA AUTOS CHOCOLATE
El Premio Limón Agrio es para Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador panista de Tamaulipas, porque pretende legalizar automóviles chocolate introducidos ilegalmente, con un censo o programa de “empadronamiento” y colocación de engomados.
La AMIA, que preside Eduardo Solís, y la AMDA, que dirige Guillermo Rosales, emitieron una señal de alerta sobre el programa del gobierno de Tamaulipas porque, con el pretexto de promover la seguridad pública en la entidad, violarán la Constitución, las leyes aduaneras y el marco regulatorio fiscal del país.
La AMDA y la AMIA solicitaron la intervención de los titulares de Hacienda, SAR y la Procuraduría Fiscal de la Federación para que apliquen sanciones al gobierno de Tamaulipas por violar el Código Fiscal de la Federación y el Convenio de Coordinación Fiscal.