El Economista. La propuesta de reducir el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a 20% y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 8% en la frontera norte de México, podría ocasionar que las empresas cambien su sede a esta región para pagar una menor carga impositiva y, por ende, los recursos que reciben los estados a través del Ramo General 28 Participaciones disminuirían, indicaron expertos en política fiscal.
“Si tienes una empresa que opera en Monterrey, lo que podría pasar es que puedas decidir abrir una matriz en Nuevo Laredo o Reynosa para hacer tus compras allá y pagar menos impuestos. La mayoría optará por traer su mercancía de donde el impuesto es más barato”, expuso Héctor Villarreal, director general de Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Mencionó que, productos como software que se pueden descargar desde cualquier computadora o cualquier compra hecha en comercio electrónico, los empresarios buscarán comprarlos donde se pague menos IVA, por lo que el gobierno federal debe aclarar cómo va a controlar este tipo de situaciones.
“Se estaría complicando la administración tributaria de manera innecesaria. A la vuelta de la esquina vemos muchos problemas de recaudación y la verdad es que tenemos muchos cuestionamientos sobre los beneficios, creemos que van a ser más pequeños de lo que cree el gobierno”, puntualizó.
José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic), agregó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debe garantizar que las inversiones que lleguen a la zona fronteriza sean nuevas y que no estén llegando en función de sólo pagar menores impuestos y que ello afecte a las inversiones en otros estados.
“Lo más deseable es que las empresas que hagan nuevas inversiones sean las que se beneficien de estas medidas fiscales, sobre todo si están generando empleo, pero que no canibalicen en otras regiones; es decir, que no sólo sea la sustitución de una inversión para trasladar el beneficio en otro lado”, refirió.
Enrique Cárdenas, académico de la Universidad Iberoamericana Puebla, recordó que antes de la reforma fiscal del 2014, había empresas que producían en la frontera, pero vendían fuera de la dicha zona, con lo que jugaban con las transferencias del IVA.
“Esa reforma fue en el camino adecuado para evitar distorsiones en la administración tributaria, es posible que con las medidas que propone López Obrador, algunas empresas decidan mover sus oficinas centrales a la zona fronteriza y se presenten este tipo de distorsiones”, acotó.
A su parecer, el gobierno de AMLO está haciendo un mejor esfuerzo en el sur-sureste del país con Centroamérica, pues se requieren inversiones y mayor productividad en la zona, con lo que podrían compensar lo que en recaudación falte en el norte.
Uno de los compromisos de López Obrador es que desde el 1 de enero del 2019 se creará la zona libre en los 3,180 kilómetros de frontera con Estados Unidos (con los beneficios en IVA e ISR); además, se homologarán los precios de los energéticos con los estados sureños de la Unión Americana y aumentará al doble el salario mínimo
Efecto en Ramo 28
Los especialistas también coincidieron en que la reducción del ISR e IVA en la frontera podría implicar una afectación en la recaudación tributaria del país, la cual creció cinco puntos del Producto interno Bruto en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Héctor Villarreal indicó que, según los cálculos del CIEP, la recaudación que se dejaría de obtener por efecto de la reducción del ISR e IVA en la frontera sería entre 80,000 y 100,000 millones de pesos, lo cual también tendría un efecto negativo en los recursos que se destinan a estados y municipios.
“Si bien se espera tener un impacto positivo en el consumo en la zona fronteriza, es probable que, en el mediano plazo, el beneficio sea chiquito y en contraste tendrás un impacto fuerte en la recaudación”, manifestó.
Comentó que se debe cuestionar al gobierno del porqué de estos estímulos fiscales, y por qué no mejorar primero aquellas zonas que sufren de deficiencia e inseguridad. “La mejor ayuda económica es que existan zonas seguras, eso es más importante que dar estímulos fiscales”.
En su momento, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, había informado que, para el próximo año, las participaciones de estados y municipios tendrían un presupuesto por 703,000 millones de pesos, lo que significaría 13.4% menos a los que se aprobó para este año.
Lo anterior se puede interpretar por una posible reducción en la Recaudación Federal Participable (RFP) como efecto de las disminuciones del ISR y el IVA en la frontera.
La RFP es el conjunto de recursos que percibe la Federación por concepto de impuestos federales, derechos de minería y una parte de los ingresos petroleros.
De esta bolsa de recursos se desprenden los principales fondos de participaciones que se les transfiere a estados y municipios.
El director del Idic expuso que la arquitectura fiscal de la Federación se basa en que un porcentaje de la recaudación total que obtenga el gobierno se va a las arcas de los estados.
“En función de los ingresos que se tengan, se distribuyen a todos los estados y si no tienes algo que compense ese faltante que antes obtenías por cobrar 16% de IVA, los ingresos estatales se verán afectados”, acentuó.
Explicó que dependerá también de las estrategias que implementen los gobiernos federal y estatales para incrementar la formalidad del país, a fin de que más personas paguen impuestos.
“A pesar de que la medida de bajar impuestos podría aumentar la competitividad en la zona fronteriza y atraer mayor inversión y consumo, dejaría un hueco importante en las finanzas públicas, presionadas por cambios sociodemográficos que tienen implicaciones en el presupuesto, sobre todo con aumentos en el gasto en pensiones y salud”, según un estudio del CIEP.
Para evitar estas pérdidas, especialmente en el caso del ISR, es necesario establecer reglamentos y leyes que eviten la movilidad de ingresos, aclara el documento.
