El Financiero, Financial Times, Jude Webber y Michael Stott
Al igual que un sinnúmero de empresarios mexicanos, Armando Santacruz González, el director general de la compañía de productos químicos Grupo Pochteca, ha enfrentado numerosas auditorías fiscales durante la última década.
Si la nueva legislación diseñada para castigar a las personas acusadas de evasión de impuestos con la misma severidad que a los narcotraficantes hubiera sido ley en aquel entonces, “yo creo que habría pasado nueve de los últimos 10 años en la cárcel”, comentó enfurecido Santacruz González.
Las nuevas iniciativas, las cuales incluyen la detención obligatoria previa al juicio, así como la posible confiscación y venta de activos incluso antes de una condena, son parte de la cruzada del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para erradicar la arraigada corrupción en la segunda economía más grande de Latinoamérica.
Las medidas están dirigidas a la ilícita y descontrolada práctica de usar facturas falsas, a menudo registradas bajo el nombre de compañías fantasmas con el fin de evadir impuestos, algo que el presidente ha indicado cuesta 25 mil millones de dólares al año en ingresos perdidos, aunque la estimación es difícil de verificar.
Cualquier persona acusada de serias irregularidades fiscales en México pudiera enfrentar ser encarcelada sin fianza bajo las disposiciones asociadas con el presupuesto 2020, actualmente ante el Congreso, y una ley de confiscación de activos que se aprobó en julio.
Luis Niño de Rivera, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), comentó: “Están eliminando el derecho a la libertad, a la propiedad, a una audiencia, a un juicio justo y a la presunción de inocencia, y reemplazándolo con la detención obligatoria previa al juicio basada sólo en sugerencias y no en hechos reales”.
Niño de Rivera explicó que la política pudiera conducir a incautaciones de activos arbitrarias; a la congelación de cuentas bancarias basada en suposiciones en lugar de en hechos; y a la pérdida del control de compañías por parte de sus propietarios, incluso antes de ser declarados culpables.
“Ésta es una señal extremadamente negativa para los inversionistas nacionales y extranjeros que tanto necesitamos para que la economía crezca”, él agregó. “No es el mensaje correcto”.
Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que sería “muy fácil criminalizar a una empresa que cometió un error” y encerrar a los ejecutivos en las cárceles de mayor seguridad “como si pertenecieran a un cartel de drogas”. Los empresarios tienen poca fe en que, incluso si no se les halla culpables, se les compensará adecuadamente por la pérdida de activos.
Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado y miembro del partido gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dijo que los cargos penales sólo serían automáticos para los estafadores a gran escala.
Sin embargo, él argumentó que se necesitaba una legislación estricta para tomar medidas enérgicas contra las compañías que venden facturas de impuestos a clientes que las usan para evadir impuestos.
“No es terrorismo fiscal porque, de 2014 a 2019, se crearon más de 8000 compañías que vendían facturas y se emitieron 9 millones de facturas falsas, estafando más de 350 mil millones de pesos en impuestos”, explicó Armenta Mier. Eso era suficiente para pagar 220 hospitales, señaló.
“Esto es criminal en un país donde la mitad de la gente vive en la pobreza. No es una medida contra los empresarios”, agregó.
México tiene el nivel más bajo de recaudación de impuestos de todos los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Pero los críticos han opinado que, en lugar de elevar ese nivel, las medidas alentarán a las personas a permanecer en el sector informal — la parte compuesta por más de la mitad de la economía que no paga impuestos — simplemente para pasar desapercibidos bajo el radar de la agencia tributaria.
Los ingresos fiscales de México son sólo el 13 por ciento del PIB, peor que vecinos más pobres como Honduras y El Salvador, según el Banco Mundial.
Una economía en desaceleración también está dificultando la recaudación de impuestos: los ingresos por concepto de impuestos sobre la renta cayeron casi un 4 por ciento en agosto en comparación con agosto de 2018, mientras que los ingresos del impuesto al valor agregado (IVA) cayeron casi un 12 por ciento.
“En México, la facturación falsa era un deporte nacional”, admitió Carlos Salazar Lomelín, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el grupo de cabildeo empresarial más grande del país, quien estuvo de acuerdo en que era necesario implementar restricciones. Pero dijo que había “cosas en la ley de confiscación de activos que no nos gustan”.
Santacruz González — quien también es cofundador y presidente de la organización no gubernamental (ONG) México Unido Contra la Delincuencia — dijo que había sido blanco de auditorías fiscales bajo la administración anterior como un medio de acoso después de haber expuesto escándalos de corrupción.
Él aclaró que había ganado todos sus casos en la corte, pero que las cosas habrían sido muy diferentes si el nuevo sistema propuesto estuviera vigente.
