Dinero en Imagen. Desde el Piso de Remates. Maricarmen Cortés
Como sucedió la semana pasada con los miembros del Consejo Coordinador Empresarial, en la reunión de Andrés Manuel López Obrador con los integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales, Concamin, todo fue miel sobre hojuelas. Los industriales encabezados por Francisco Cervantes le reiteraron su apoyo para trabajar con él en programas como apoyo a los jóvenes que embona con el programa de educación dual de la Concamin y la Coparmex.
La diferencia con relación a la reunión con el CCE, a su primer discurso en el Hilton y en el Zócalo el 1º de julio, y a las conferencias de prensa que ofreció la semana pasada, López Obrador regresó –como en la campaña– a un discurso de críticas al modelo económico actual porque el crecimiento de los últimos 30 años ha sido en promedio de sólo 2% y a alabar el desarrollo estabilizador de la década de los años 60 en las que efectivamente crecimos sin inflación, pero con una economía totalmente cerrada y proteccionista que es impensable en el mundo globalizado en el que vivimos hoy día.
Aseguró que en su gobierno sí habrá política industrial, lo que arrancó un aplauso generalizado de los industriales, y afirmó que el objetivo es producir en México lo que consumimos, lo que sería una política proteccionista, aunque se manifestó a favor de mantener la trilateralidad del TLCAN.
Prometió también simplificación fiscal y reiteró que no habrá ni impuestos nuevos ni alza de los actuales. Aseguró que al frente del SAT estará un hombre o mujer –o sea que aún no decide quién– intachable. “Un santo”, dijo en broma, y afirmó que ya no se hablará de impuestos, sino de contribuciones, aunque en realidad da igual cómo los llame, lo importante es que se mantenga la confianza del sector privado para invertir porque cómo el mismo López Obrador reconoció ayer, el gobierno solo no podrá generar el crecimiento económico y los empleos que requiere el país.
100 AÑOS DE CONCAMIN
Cervantes le entregó a López Obrador la propuesta de política industrial que tiene, entre otros ejes, el apoyo a las pymes e impulso a empresas tractoras en especial en el sureste del país, y lo invitaron a que asista al gran foro con el que festejarán los 100 años de Concamin el próximo 13 de septiembre. Para esa fecha ya será oficialmente Presidente electo, pero el problema es que Cervantes tendrá que hacer malabares porque también está invitado el presidente Enrique Peña Nieto, por lo que es factible que uno inaugure y el otro clausure el Foro.
CRÍTICAS A LA REFORMA ENERGÉTICA
Uno de los temas que sí preocupó a los industriales fueron las críticas de López Obrador a la Reforma Energética. Manifestó su preocupación por la caída en la producción petrolera que dijo que ya se va a revertir, que acabará con los huachicoleros o robo de combustibles sin explicar cómo lo hará.
Aseguró que a cuatro años de la Reforma Rnergética no ha llegado la prometida inversión extranjera y “vamos a intervenir en ese tema”, aunque no detalló a qué se refiere.
En efecto, aunque la inversión ya comprometida en las diferentes rondas o licitaciones realizadas supera los 150 mil millones de dólares, son inversiones de mediano y largo plazos.
Ojalá López Obrador o su equipo se reúnan pronto con Juan Carlos Zepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, quien desde la semana pasada solicitó una cita para que le explique que están ya firmados 107 contratos y el monto de inversión mínima garantizada con cartas bancarias.
EL COSTO DE EVITAR LOS GASOLINAZOS
López Obrador se comprometió nuevamente ayer a que en su gobierno no habrá gasolinazos, ni alza en tarifas eléctricas y que se mantendrán los precios actuales en términos reales, es decir, que no subirán más que la inflación.
El problema es que los precios del crudo en el mercado internacional van al alza. La mezcla mexicana cerró ayer en 60 dólares por barril y para mantener los precios de la gasolina en su nivel actual, se tendrá que incrementar aún más el subsidio o estímulo fiscal.
Este año reportó Moody’s en un estudio que el subsidio aumentó 43% y asciende a 107 mil 800 millones de pesos, lo que es una pésima noticia para estados y municipios, porque limita el crecimiento de las transferencias federales no etiquetadas o participaciones.