Monterrey, México (08 diciembre 2017).- Para mantener la competitividad del sistema tributario, las distintas asociaciones de abogados de México promoverán ante legisladores y candidatos a la Presidencia de la República una reforma fiscal de fondo que reduzca la tasa máxima de 35 por ciento en el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Miguel Carbonell Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que la medida deberá adoptarse a partir del 2018, a raíz de que el Senado estadounidense aprobó una reforma tributaria en Estados Unidos que contempla una reducción en el impuesto corporativo.
"Requerimos una profunda reforma del sistema fiscal que revise y disminuya las tasas marginales del ISR", afirmó al salir de una reunión que organizó la Asociación de Egresados de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL, que le entregó la presea "Don José Alejandro de Treviño y Gutiérrez" al mérito profesional en derecho.
"Necesitamos quitarnos de criterios políticos para entrarle al tema del IVA generalizado que operaría como una recaudación automática e indiscriminada".
Rechazó que el sistema fiscal mexicano sea competitivo frente a la tendencia estadounidense a desgravar la actividad productiva y generadora de empleos, algo que también realizan países como Francia.
"En este sentido, el sistema fiscal mexicano no es competitivo, necesitamos un líder político que se aviente a revisar nuestra fiscalidad".
Consideró que la tasa máxima de ISR de 35 por ciento es muy alta en México, a la que se agrega un 16 por ciento de IVA, el Infonavit, el IMSS y un 2 por ciento de Impuesto Sobre Nóminas, por lo que la mitad del ingreso de algunos contribuyentes termina en el Gobierno".
Reconoció que los abogados corporativos enfrentan también el reto de la incertidumbre de los inversionistas con relación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el que la postura estadounidense pretende desaparecer la figura de paneles binacionales para resolución de controversias comerciales que contempla su Capítulo 19.
"Aquí, la única salida sería recurrir a la Organización Mundial de Comercio, pero también nuestro sistema judicial carece de seguridad jurídica para los inversionistas, porque ante un incumplimiento de contrato, los juicios llegan a durar hasta seis años", indicó.
"En juicios mercantiles tenemos una gran masa de recursos que están congelados por cuestiones litigiosas, y todo eso genera poca competitividad en el contexto económico".