Dinero en Imagen, Opinión. El cambio que se aprobó en el Senado la semana pasada al artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que elimina el candado de que el titular debe haber ocupado un cargo de alto nivel decisorio en materia fiscal y aduanera, no está dirigido para Rosalinda López (al parecer quedará al frente de la Administración General de Auditoría Fiscal), sino para que Margarita Ríos-Farjat pueda ser ratificada.
Por cierto, el jefe del SAT, Osvaldo Santín, le deja un expediente bien integrado y documentado en materia de evasión fiscal con facturación falsa a Ríos-Farjat, quien ha estado al frente del equipo de transición en lo fiscal desde el mes pasado, un equipo que toma relevancia dado que la nueva estructura de la Secretaría de Hacienda, que estará a cargo de Carlos Urzúa, elimina la Subsecretaría de Ingresos.
Ha trascendido que el personaje que pagó más de 160 millones de pesos al SAT para terminar con el juicio en su contra por lavado de dinero, utilizando el esquema de facturación falsa fue Juan Vergara, exsecretario de Finanzas y Planeación del gobierno de Carlos Joaquín.
El pago se realizó tras la admisión de responsabilidad de un esquema de “lavado de dinero”. A él se le detuvo en febrero, pero se le liberó para seguir su juicio porque el Sistema Penal Acusatorio no establece como delitos graves, los delitos de defraudación fiscal, lavado de dinero o delitos financieros. Como este caso hay otros 40 en proceso de integración y cerca de 30 denuncias presentadas ante juzgadores y, casos que siguen un esquema similar en el que una empresa contrata a un prestador de servicios que le extiende una factura sin que le dé ningún servicio.
Para “matar” fiscalmente el ingreso recibido, el “facturador” contrata a una “pagadora” (que tiene atributos fiscales como saldos a favor de IVA, subsidio al salario al simular nóminas con sueldos mínimos comprando bases de datos del IMSS, compran empresas con pérdidas fiscales).
Esta “pagadora” le pone al “socio” a la persona física de la sociedad para que le entregue los ingresos acordados, por los que no paga impuestos. Dado que la pagadora retiene el impuesto y no lo entera al fisco usando sus “atributos”, aparentemente el empresario quedaba exento de responsabilidad fiscal. Sin embargo, el esquema, al probarse, configura lavado de dinero y defraudación.
En 2017 y lo que va del 2018 se han identificado a poco más de 13 mil personas físicas que usaron el sistema y declararon haber recibido 120 mil millones de pesos (se comentó que eran más de dos billones de pesos, pero en realidad ese monto corresponde a la suma de todas las operaciones de ida y vuelta, una especie de valor nacional) y el impuesto correspondiente nunca se enteró. Estos “socios cobran normalmente el 10% del ingreso declarado”.
Lo interesante es que el esquema pasaba como el crimen fiscal perfecto porque el SAT no podía acusar por defraudación al no poder auditar a empresas inexistentes (fantasma), pero la denuncia, ahora, se realiza por lavado de dinero en un proceso de corresponsabilidad que involucra a todos.
De Fondos a Fondo
#InequidadDigital…. Bien haría el INAI, que preside Francisco Javier Acuña, en revisar a detalle la información contenida en el Índice de Gobernanza Digital Estatal (IGDE) 2018 integrado por Data Lab, de Jorge Audifred, y el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE), que dirige Graciela Teruel Belismelis, en la Universidad Iberoamericana.
De acuerdo con el IGDE, de los portales digitales de los gobiernos de los 32 estados de la República Mexicana reprobaron pues en una escala del 1 al 100, el promedio fue que ninguno sobrepasó 50 en una escala de 0 a 100, todavía Jalisco, que gobierna Aristóteles Sandoval, que obtuvo 46.90 puntos, tiene mucho camino por andar.
El IGDE evalúa cuatro portales de gobierno por estado: el general de gobierno, finanzas, salud y seguridad, en cuatro grandes categorías: características del portal, transparencia y acceso a la información, trámites ciudadanos y medios digitales al alcance ciudadano, servicios en línea y participación ciudadana.
Mientras que los mejores puntajes corresponden a Jalisco, Estado de México, Guanajuato, CDMX y Colima, los peores puntajes son para los estados de Tlaxcala, Nayarit, Durango, Veracruz y Querétaro.
#ATUN… Ante la débil actuación de la Conapesca, de Mario Sánchez Aguilar, en el caso de la captura de 483 toneladas atún aleta azul no devuelta por los barcos que incurrieron en la violación del acuerdo de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) en mayo pasado y le entregaron el producto a Pesquera Chichimecas y Servax Bleu de Roberto Servitje, era predecible la resolución del amparo a su favor.
Pues le actualizo. Ayer el juez de distrito determinó conceder el amparo en el expediente 636/2018, “respecto de la omisión de implementar medidas para el cumplimiento de las convenciones de la CIAT”, porque se consideró que vulnera el principio de seguridad jurídica, ya que “no existe un marco de referencia que regule las relaciones que surgen de la aplicación y cumplimiento de las convenciones”.
El amparo establece que la Sagarpa y la Conapesca deben implementar un marco de actuación para cumplir con las convenciones, para lo cual deberán modificar el reglamento (de Conapesca), normas administrativas y los títulos de concesión respectivos, precisando la cantidad a que tiene derecho cada concesionario anualmente a capturar y no de forma bianual.
Lo anterior, “para establecer reglas claras en cuanto a los derechos de las empresas que se dediquen a esta actividad, pues al contar con reglas claras podrán planear sus estrategias y tiempos de pesca, lo que contribuirá a promocionar la pesca responsable del atún y evitar la pesca furtiva, dado que si las empresas conocen la cantidad que tienen derecho a pescar anualmente, tomarán sus decisiones razonadamente con base en elementos objetivos y no en un ánimo de competencia, lo que, efectivamente, abona al cultivo y pesca responsable”. (Resumen elaborado por mí, por tanto interprete mi silencio).
