El Economista, Economía, Belén Saldívar
La iniciativa Privada (IP) se reunió con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para aclarar dudas sobre la reforma penal fiscal que fue aprobada en el Senado, para combatir a las factureras y, de esta manera, dar su respaldo.
“Tuvimos esta reunión para tratar de clarificar dudas que puedan tener los contribuyentes organizados en asociaciones y cámaras respecto a las reformas fiscales y penales relativas al combate contra los factureros”, declaró en rueda de prensa Margarita Ríos-Farjat, titular del SAT.
José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servytur, refirió que están convencidos de que sólo con el trabajo conjunto de la Iniciativa Privada y el gobierno se pueden llevar a cabo las reformas que el país necesita.
“Las pequeñas diferencias que aún persisten después de esta reunión, queda una etapa más en la Cámara de Diputados en donde participaremos las cámaras empresariales para enriquecer esta propuesta. Todas las leyes son perfectibles”, declaró.
A la reunión asistieron representantes de la Concamin, la Concanaco y la CCE, así como Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación; Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y el senador Alejandro Armenta.
No obstante, no hubo representantes de la Coparmex, la cual en días pasados aseveró que, con las modificaciones para que asesores fiscales revelen al fisco las planeaciones de sus clientes, el SAT se volvería un inquisidor fiscal.
“Son frases que contribuyen más a la desinformación que a la orientación y la confianza (…) Nosotros no podemos hablar en esos términos, esa palabra no es nuestra, no podría entender que lo llevemos a cabo. Me toca dirigir a miles de funcionarios que no tienen ninguna intención de afectar a los contribuyentes”, refirió Ríos-Farjat al ser cuestionada sobre los términos de terrorismo e inquisición fiscales.
Por su parte, Romero Aranda aseveró que aquellos que quieren confundir a los empresarios y equiparar a la autoridad con terrorismo son las factureras.
“Ellas son las verdaderas terroristas y se están haciendo pasar por empresarios. No hay que confundir. Los empresarios son grupos que contribuyen al bienestar” agregó.
Los empresarios abogaron por el combate a la corrupción, además de tratar de alinear lo más posible, la visión del sector público y el sector privado.
Esperan que, durante la discusión de la reforma en la Cámara de Diputados, la autoridad siga con su acercamiento a las cámaras y, de ser aprobada, continuar con el diálogo.
Por defraudación fiscal, 39 denuncias
El titular de la UIF informó que en lo que va del año, de 125 denuncias que se han presentado en la unidad, 39 se han generado por defraudación fiscal, mientras que 27 son por temas relacionados a la corrupción.
En estos dos casos, añadió, están involucradas empresas fantasma, sin dar más detalle de los montos que podrían estar involucrados.
Por otro lado, Santiago Nieto indicó que analizan considerar a los clubes deportivos como actividades vulnerables al lavado de dinero.
Lo anterior, explicó, se debe a que ya se ha detectado lavado de dinero dentro de esta actividad.
“El Grupo de Acción Financiera Internacional ha establecido la recomendación para que se revisen posibles operaciones de lavado de dinero relacionadas con promotores deportivos y clubes deportivos y, dentro de la evaluación de riesgos, nosotros hemos detectado la posibilidad de que esto esté ocurriendo”, precisó.
Reunión con la Canacintra
Por la mañana, al reunirse con la Canacintra en privado, Ríos-Farjat rechazó que en la política fiscal del próximo año se le otorguen “más dientes” al SAT, por el contrario, se trata de adoptar medidas de fiscalización aplicadas por otras naciones, y en caso de que haya abuso, “pues los demandamos, y ahí están las autoridades judiciales, la Suprema Corte, entonces en dónde está el terrorismo, en qué parte me dicen ya no escuches. Lo que considero es hay que actuar con mayor inmediatez y sí hace falta hacer”.
Destacó que el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador es no aumentar los impuestos, y la opción es darle mayores instrumentos a la fiscalización a fin de mejorar la recaudación.
“La ley y el Código Fiscal siempre contemplan una protección al contribuyente. Nosotros no imponemos la pena, no mandamos a la cárcel, sólo denunciamos y es la autoridad judicial la que verá si es verdad”, pidió reflexionar a los industriales.
La jefa del SAT aclaró que a su área no le corresponde hacer la política fiscal, sino administrarla, y si se define como política fiscal de contribuyentes cumplidos, saldrá de ahí. Pero el incumplimiento sí es serio, advirtió, “vamos a poner un alto en el camino respecto a que la política fiscal es complicada, pero tiene principios constitucionales, un piso y valores. Las instituciones deben dar certidumbre, duras o como sea, pero que no haya excepciones y garantizando un piso parejo”, dijo Ríos-Farjat.