Empresarios alertan de bajos niveles de inversión pública

Para el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), lo más preocupante en un contexto de alta volatilidad internacional, sigue siendo la mala calidad del gasto público y el nivel de inversión gubernamental, el más bajo desde 1940.

Datos del organismo empresarial, revelan que en los primeros once meses del 2016, el gasto en inversión física se contrajo en 9.9 por ciento real, respecto al mismo periodo del año pasado.

“En línea con este comportamiento, las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al tercer trimestre del 2016 indican que la inversión pública representó 3.0 por ciento del PIB, la cifra más baja desde 1940”, sostuvo.

Advirtió que si no hay un ajuste real en el gasto público, la posibilidad de un superávit primario, suficiente para evitar que la deuda siga creciendo, como porcentaje del PIB, se complica.

Bajo estas circunstancias y aunado al ambiente de impunidad, corrupción e inseguridad que se percibe, los niveles de confianza empresarial y de los consumidores se sigue deteriorando, lo que pueden ser factores adicionales que incidan negativamente en la inversión productiva y en el consumo de las familias.

Bajo este escenario, reiteró que los pronósticos de crecimiento del PIB para el 2017 se siguen ajustando a la baja, pues en el último sondeo del Banco de México, los especialistas anticipan un avance de 1.6 por ciento, prácticamente la mitad de la estimación hecha en diciembre del 2015.

“Sin duda el balance de riesgos se ha deteriorado, por lo que es fundamental plantear medidas inmediatas, que contribuyan a hacer frente a las presiones que se avecinan”, comentó el organismo.

En este sentido, recordó que el sector privado había comenzado a preparar una serie de propuestas, que contemplaban medidas para mantener la estabilidad de precios, blindar la economía familiar, estimular el financiamiento para inversión y creación de empleos, estimular la inversión, sanear las finanzas públicas y preservar y fortalecer la cultura de la legalidad y el Estado de derecho.

Mismas que fueron seriamente consideradas por el gobierno, para anunciar el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, para evitar un incremento en los precios después de haber anunciado el aumento de los combustibles.

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