El Financiero, Economía, Zenyazen Flores
El Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, aseguró que la iniciativa que contempla penalizar la compra de facturas falsas como delincuencia organizada no se convertirá en una cacería de brujas contra los empresarios cumplidos, pues el objetivo es tirar ‘disparos de precisión’ contra los delincuentes fiscales.
El funcionario apuntó que la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador es “ir contra quien sea, tenemos que luchar para evitar la defraudación fiscal, que sepan que si antes no pasaba nada si evadías al fisco, ahorita sí va a pasar. El Presidente quiere cambiar la cultura tributaria, que se premie al cumplido y no al incumplido”.
En entrevista con El Financiero, indicó que los fraudes de estas empresas factureras superan los 300 mil millones de pesos, lo que equivale a 1.4 por ciento del PIB en daños económicos a la hacienda pública y al Estado mexicano, aunque el agravio podría ser mayor y alcanzar los 500 mil millones de pesos.
“Yo les diría a los empresarios que no son el problema, pero sí son parte de la solución, necesitamos la ayuda de todos, pero para poder llegar a las cabezas necesitamos estas medidas. Que se queden tranquilos, esto no es terrorismo fiscal, esto no es cacería de brujas, esto realmente son disparos bien direccionados a las cabezas de estos grupos”, sostuvo.
Aprobación en Senado
Romero Aranda indicó que la ley contra las factureras, la cual se prevé apruebe en comisiones este jueves en el Senado, va contra las agrupaciones criminales que en forma constante y permanente lleven a cabo actividades ilícitas usando facturas falsas.
En los últimos meses, la Iniciativa Privada y expertos fiscales han señalado que la iniciativa arriesga a que los empresarios honestos sean acusados de delincuencia organizada, sin embargo, para la Procuraduría eso es erróneo, ya que para entablar un procedimiento penal por ese delito se debe acreditar que existe una organización criminal dedicada a cometer delitos de manera permanente.
Además, la autoridad debe demostrar todos y cada uno de los elementos del delito de defraudación fiscal, esto es, el engaño, la omisión de contribuciones, el perjuicio al fisco federal, junto con la intención y voluntad de defraudar, más aún, requerirá que la defraudación sea por un monto mayor a 8 millones de pesos, lo cual implica el uso de facturas falsas de al menos 24 millones de pesos.
“La iniciativa va contra agrupaciones criminales que en forma constante y permanente, 3 o más personas, lleven a cabo actividades ilícitas. Esto no puede recaer en una empresa normal, una empresa normal tiene un fin lícito, tiene trabajadores, tiene una estructura, hace compras y vende, da un servicio, eso es actividad lícita, aquí hablamos de actividades ilícitas”, explicó.
