Reforma. Monterrey, México (16 octubre 2018).- La Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (Prodecon) descalificó las criticas a su propuesta de retener las dos terceras partes del IVA y el 10 por ciento del Impuesto Sobre la Renta a empresas prestadoras de servicios para combatir la comercialización de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes o simuladas.
Edson Uribe, subprocurador de la Prodecon, calificó de anticipadas las críticas como las que realizó la Academia Mexicana de Derecho Fiscal por estimar que la medida “desnaturaliza” la esencia de esos gravámenes e impacta el flujo de ingresos de las empresas que enfrentarían burocracia en la devolución de impuestos a favor.
Señaló que la propuesta original ya tuvo algunos cambios con base en las críticas.
“No es que quiera cambiar el tema de las críticas respecto a la propuesta original, pues apenas el viernes pasado concluyó nuestra consulta pública y en breve presentaremos esta nueva propuesta que excluye servicios masivos, elimina de forma total el impacto financiero que tiene la retención del IVA y contempla un mecanismo de devolución automática”.
La “Propuesta de Reformas Legales para Combatir la Comercialización de Comprobantes Fiscales que Amparan Operaciones Inexistentes o Simuladas” fue postulada por la Prodecon junto con Morena.
Gustavo Leal Cueva, presidente del Centro de Información Fiscal Fiscalia, dijo que la generalización de la retención de ambos impuestos implicaría “congelar” las arcas de la autoridad gubernamental a través del Servicio de Administración Tributaria.
“Las empresas estarán prácticamente trabajando para recaudar y generar información para el fisco, mermando su capacidad de hacer negocios”, sostuvo en una carta enviada a la Prodecon.
Recordó que cuando se creó la factura electrónica en su primera versión, se anunció como una herramienta que acabaría con la venta de facturas, después vino la versión 3.3 y el problema continúa.
“Esto demuestra que el problema no es la ley o que los mecanismos no sean los idóneos, el problema está en que la ley no se aplica para castigar a los infractores y eso, en ocasiones, obedece a intereses particulares que no desaparecerán al reformar una ley, si esta continúa sin aplicarse”.
