Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aseguró que en la parte de la Ley de Ingresos, existen áreas de oportunidad para generar un entorno más propicio para la inversión, la generación de empleo y el crecimiento.
Aunque el sector empresarial coincidió en lo general con el proyecto de paquete económico 2017 presentado por el gobierno federal al Congreso, espera que los legisladores enriquezcan el contenido y profundicen en las acciones para la estabilidad y desarrollo económico.
En su mensaje semanal, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, adelantó que tendrán una participación activa con posicionamientos y propuestas, en comunicación con los diputados y funcionarios de la Secretaría de Hacienda y dependencias que tienen relación con ambas iniciativas.
Comentó que en el análisis de las líneas generales de la propuesta del Ejecutivo, consideran el planteamiento fiscal para el próximo año realista, congruente con el escenario económico nacional e internacional y en la dirección correcta en cuanto a la necesidad prioritaria de ajustar el presupuesto.
Ello a fin de establecer equilibrios en las variables claves y generar confianza en los agentes económicos.
Destacó que si bien están conscientes de que el panorama da poco margen de maniobra, están convencidos de que puede hacerse un esfuerzo mayor en la necesidad de asegurar estabilidad en las finanzas públicas, que mantienen vulnerabilidades importantes, y con ello blindar la propia estabilidad de la economía nacional.
El dirigente del CCE aseguró que en la parte de la Ley de Ingresos, existen áreas de oportunidad para generar un entorno más propicio para la inversión, la generación de empleo y el crecimiento.
Respecto al objetivo de un superávit primario de 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), dijo que es adecuado y va en el sentido correcto, pero no es suficiente, pues la deuda como proporción del PIB aumentará casi tres puntos base, a cerca de 53 por ciento, a fines del 2017.
En ese sentido, propuso una reducción adicional a los programas no prioritarios: alrededor de 220 mil millones de pesos adicionales.
"El Congreso de la Unión aún puede y tiene la responsabilidad de revisar el gasto a la baja, dando prioridad a mantener los programas sociales que realmente apoyan a los grupos de menores ingresos y llevar a cabo una reducción en aquellos programas y proyectos que han mostrado poca eficacia", puntualizó.
Adicionalmente, comentó, se requiere hacer un estudio de gran alcance, de dos o tres años, respecto a cuál es la reforma fiscal necesaria para la aplicación de recursos, para tener mayor eficiencia en el gasto público.
En lo referente a la Ley de Ingresos, dijo que se consideraron varias propuestas y solicitudes del sector empresarial, pero quedan fuera algunas que aún son fundamentales, y aunque aceptó que hay poco espacio para llevar más lejos los esfuerzos de estímulo económico, aseguró que sí hay cuestiones en lo particular que deben atenderse.
Otro aspecto positivo del paquete económico, indicó, es dotar a las empresas pequeñas de un instrumento para tributar fácilmente: un instrumento fiscal que les permita tributar de acuerdo con su flujo.
Esperamos que pueda haber un ajuste para ampliar la cobertura de éste, de tal forma que las empresas que vendan menos de 12 millones de pesos puedan estar en esta opción de tributación especial, opinó.
Entre lo que a su juicio faltó en la propuesta, el dirigente empresarial destacó la deducción plena de prestaciones laborales, al menos de las obligatorias por ley, así como el tratamiento fiscal para desperdicios industriales; deducción al 100 por ciento de los vehículos eléctricos e híbridos, y también del 100 por ciento en gastos pre operativos del sector minero, entre otros.
