La Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF) de la PGR a través del Ministerio Público de la Federación, ejerció acción penal en contra de esta y otras personas más, por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Autoridades ministeriales detallan que Rassam Baroudi, es líder de una red delictiva internacional vinculada en la utilización de diferentes esquemas para introducir textiles de manera ilegal al país.
Su captura fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal en cumplimiento de una orden de aprehensión librada por un juez de Distrito en materia Penal Federal, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En la integración de la averiguación previa, en particular para la obtención de información financiera y fiscal, se trabajó estrechamente con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), autoridades de los Estados Unidos de América, entre otras.
Las investigaciones practicadas por la UEAF, pusieron al descubierto al menos tres distintos esquemas de operación, principalmente, el contrabando al no retornar las mercancías importadas temporalmente bajo el programa IMMEX, cambiando en los textiles las etiquetas de origen (provenientes de países asiáticos, principalmente China), por otras de los Estados Unidos de América y supuestamente importarlas mediante empresas fachada, ello bajo el amparo del TLCAN, igualmente utilizaban facturas apócrifas, así como la falsificación de certificados de origen.
El modus operandi de esta organización delictiva consistía en que una vez que las mercancías se introducían a territorio nacional, utilizaban facturas apócrifas y estás eran emitidas por empresas fachadas o inexistentes.
Para la creación de estas, utilizaron a personas que no tenían el conocimiento ni el perfil comercial o económico para realizar actividades comerciales y operaciones financieras.
También utilizaron el sistema financiero mexicano para dispersar los recursos que ingresaban a las empresas que emitían las facturas falsas.
En estos esquemas, utilizaron a personas físicas para la dispersión de recursos, así como con personas morales que formaban parte de otras empresas vinculadas a esquemas ilícitos de importación de mercancía textil.
