"Si nosotros como empresarios exigimos a las autoridades un comportamiento honesto debemos también demostrarlo comportándonos de la misma manera", agregó.
A partir del 19 de julio próximo, tanto Gobernadores, Alcaldes y funcionarios, así como las empresas, podrán ser castigados por corrupción.
Los que incurran en sobornos, tráfico de influencias y uso indebido de recursos recibirán sanciones administrativas y penales que van desde una multa hasta la disolución de la sociedad, de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como Ley 3de3.
Se sancionarán operaciones empresariales con dinero público o privado, entre ellas pagos ilegales a funcionarios o fraudes.
"Hay muchos casos en que la corrupción es de los dos lados, y donde haya empresarios deshonestos pues tendrá que haber sanciones", agregó Landeros.
"Para muchos empresarios es muy importante poder ser proveedores del Gobierno y es una parte que incentiva mucho la economía".
Sin embargo, esta necesidad se ha convertido, para algunos, en una lucha en donde interviene la corrupción para que se pueda ganar una licitación.
De acuerdo con la Ley, si se identifica un posible delito y está dentro de la Ley de Responsabilidades, sería la Secretaría de la Función Pública la que investigue, pero si hay posibilidad de que sea penal, participaría la PGR.