Reforma, Negocios, Verónica Gascón
Con el fin de minimizar el impacto de la crisis por el Covid-19, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) planteó un acuerdo nacional para instalar un consejo de emergencia económica, reorientar el gasto público y establecer incentivos fiscales y económicos específicos.
El CCE presentó 68 ideas, divididas en acciones inmediatas, de mediano y largo plazo, para enfrentar la crisis de salud, reiniciar la actividad económica y detonar crecimiento y desarrollo, como conclusión de las 11 mesas de análisis realizadas entre las principales cámaras de la iniciativa privada.
De inmediato propone, entre otras medidas, que el consejo de emergencia económica pueda estar inspirado por el actual Consejo de Salubridad General, conformado por miembros del Gobierno, sector privado academia y sector social, para promover y coordinar la implementación de las medidas que apoyen la sostenibilidad de las empresas y garanticen la continuidad de las cadenas de valor.
Asimismo, sugirió un fondo inmediato de factoraje para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), e insistió en reasignar presupuesto público e incrementar la deuda entre 0.5 y 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), con la finalidad de sufragar el gasto en salud y sentar las bases de la recuperación económica.
“Reorientar el gasto público hacia necesidades inmediatas derivadas de la crisis de salud y económica, mitigando los efectos de la misma”, es una de sus recomendaciones.
“El País debe tomar una mayor deuda pública, debe ayudar a la recuperación. La deuda por la misma crisis va a crecer, los ingresos del Gobierno tenderán a disminuir, y si ya tenemos una situación de deuda creciente, creemos todos que deberíamos de tomar deuda de una forma responsable y utilizarla para la recuperación de las familias”, expuso Carlos Salazar, presidente del CCE, en videoconferencia con los líderes empresariales.
Asimismo, el CCE urgió proteger a los sectores económicos “más vulnerables”, como turismo, hospitalidad, restaurantes y aviación, con programas diseñados específicamente para atender sus necesidades, particularmente de liquidez y de falta de demanda, incluyendo promoción del ruralismo local e incentivos fiscales y económicos específicos.
Como acciones para reabrir la economía, llamó a definir mecanismos y tiempos de reapertura a la brevedad, designando sectores y regiones que tendrán prioridad para retomar sus operaciones, y tomando en cuenta las cadenas de valor de las que son parte para evitar sus disrupciones.
También recomendó homologar la definición se sectores esenciales con Estados Unidos y Canadá para evitar el ponimiento de las cadenas de valor en América del Norte.
Uno de los temas recurrentes con respecto a la reapertura, refirió, fue la aspiración de contar con programas que faciliten el inició de las actividades.
“Otorgar apoyos para el reinicio expedito de operaciones de empresas en sectores primordiales, otorgando financiamiento para proveeré de capital e trabajo al reiniciar operaciones”, es uno de sus planteamientos al respecto.
El CCE insistió en su petición de postergar obligaciones y modificaciones legales y normativas que incrementen los costos para las empresas, así como acelera la devolución de IVA a favor para aumentas los flujos de empresas, y agilizar el pago de proveedores del Gobierno.
Para el mediano y largo plazo, las propuestas también incluyen reforzar el sistema de seguridad social que incluya una pensión universal, guarderías y seguro de desempleo.
Además, proponen reformas al sistema de ahorro para el retiro para flexibilizar la inversión de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), promover la inversión extranjera directa y los proyectos de infraestructura energética, así como una nueva convención nacional hacendaria.
“Nuestro propósito es que las 68 ideas que aquí se presentan se conviertan en políticas públicas y privadas para reducir los efectos negativos en las familias mexicanas, empezando por las más pobres y desprotegidas”, señala el documento presentado.
