El Universal, Opinión / Historias de Negocios, Mario Maldonado
Manuel Bartlett tiene ya varios ‘fierros en la lumbre’ dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Uno de ellos, con Hacienda, de Carlos Urzúa, por la decisión de reagrupar las filiales de generación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y por su intención de privilegiar el carbón sobre las energías limpias; el otro frente abierto es con la Consejería Jurídica de la Presidencia, a cargo de Julio Scherer, por los millonarios litigios que podría enfrentar si decide cambiar los términos de los contratos con propietarios de ductos de gas.
Mientras esto sucede en la arena de la cuarta transformación, al director de la CFE le sobrevienen otras crisis, como los recientes apagones en la península de Yucatán, los cuales, según dijo, fueron consecuencia de incendios en la zona cañera; no obstante, fuentes de alto nivel de la empresa aseguran que el fuego fue resultado de fallas en las líneas de transmisión.
Un grupo de técnicos de la empresa productiva del Estado asegura que, tanto el suceso ocurrido el 8 de marzo como el apagón del pasado viernes 5 de abril, que dejó sin suministro eléctrico a 85% de sus clientes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, fueron resultado de ‘chispazos’ generados por sobrecargas en la red de transmisión Ticul-Escárcega.
En específico, se habla de sobrecalentamientos repetidos de la línea de 400 kilovatios como única suministradora de energía para las entidades peninsulares, las cuales tienen municipios con crecimientos poblacionales de 30% y proyecciones de incremento de demanda de electricidad de hasta 70% para 2032; esto según el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional de la Secretaría de Energía.
Aunado a esto, se anticipa un arribo temprano de la temporada de calor y un consecuente uso máximo de energía en las regiones caribeñas para enfrentar temperaturas ya cercanas a los 35 grados centígrados y con tendencia a incrementar para la temporada de verano de julio y agosto.
La situación hace recordar las diversas alertas emitidas sobre inminentes apagones en el país, entre ellas la del presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, quien vaticinó un colapso del Sistema Eléctrico Nacional tras la cancelación de las subastas eléctricas y el debilitamiento de los generadores privados.
Los hechos parecen otorgar a García Alcocer la razón, pues tan sólo un mes después de que Andrés Manuel López Obrador aseguró en su conferencia mañanera de principios de febrero que “no hay ningún problema, hay energía eléctrica de más”, la realidad alcanzó a su administración con un primer mega apagón y le propinó 28 días después la misma receta con la consecuente afectación de 1.6 millones de usuarios del servicio eléctrico.
La crisis del sector eléctrico no se limita a la falta de proyectos de generación para fortalecer una reserva nacional de energía que para 2019 es nula o supera apenas en 1% la demanda registrada durante el año pasado. La problemática se centra en que, por cuestiones de antigüedad, la red de generación y transmisión de CFE minaría hasta en 10% su capacidad cada año que transcurre.
El promedio de desgaste del sistema eléctrico es similar en cualquier país del mundo, por lo que el gobierno ha estado obligado a destinar en los últimos años una partida promedio de 15 mil millones de pesos para dar mantenimiento a la red y para evitar esas pérdidas de energía que, en el escenario actual, resultan estratégicas.
Sin embargo, en la 4T aseguran que la mencionada partida para 2018 nunca se ejerció y el rezago explicaría la razón por la que los 24 mil millones de dólares anunciados para la consolidación de la CFE se destinarían de manera íntegra al rubro de mantenimiento.
A todas luces, el panorama resulta oscuro para el sistema eléctrico nacional y para el propio Manuel Bartlett, quien se dice incluso podría poner en riesgo su permanencia en el gabinete presidencial.
¿Estafa Maestra en Querétaro?
Vaya que está dando de qué hablar –para mal– el superdelegado de Andrés Manuel López Obrador en Querétaro, Gilberto Herrera. En redes sociales incluso circula el hashtag #ESTAFAHERRERA mediante el cual se denuncian malos manejos durante su gestión como rector de la Universidad de Querétaro.
Según el informe Individual de Auditoría de la Cuenta Pública de 2017, realizado por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, Herrera habría simulado actos y hechos, además de falsear documentación sobre compras inexistentes.
Según las denuncias a la Auditoría Superior de la Federación, el actual superdelegado realizó pagos excesivos e indebidos a diversas empresas; no hizo licitaciones y la mayoría de sus contratos fueron por adjudicación directa, simulando invitaciones restringidas.
Las anomalías superan 2 mil millones de pesos, sin contar la diferencia en registro de bienes inmuebles por 2 mil 716 millones de pesos. Herrera dirigió la Universidad entre 2012 y 2018.
La 4T apresura el paso en API de Manzanillo
En la 4T tienen prioridades, por lo que las instituciones apresuran el paso para cerrar casos de presunta corrupción en la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo. Uno de ellos es precisamente el de Héctor Mora Gómez, director general de la API, quien cuenta con el respaldo del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y tiene un expediente limpio en la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.
Mientras tanto, la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero, avanza con la carpeta FED/COL/MAN/0000044/2019, pues solicitó los domicilios de Román Pablo Rangel Pinedo, titular del Órgano Interno de Control en la API, y Nora Alba Borrego Balleza, titular del Área de Quejas.
Se les investiga penalmente por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus labores que afectaron a Logística de Fluidos y Graneles, empresa que tiene la concesión para operar una terminal en la Laguna de Cuyutlán enfocada al manejo de fluidos de cualquier tipo, granel agrícola, fertilizantes y carbón, mientras intentaron beneficiar a Porter FG.
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