El Economista, Opinión. En Raudales de Malpaso, Manuel Bartlett Díaz presentó el plan gubernamental para recuperar la industria eléctrica nacional. El nuevo director de la Comisión Nacional de Electricidad, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quedó encargado de reorientar el rumbo y nuevamente hacerla una empresa de servicio público.
La “larga noche neoliberal” dejó a la CFE en una situación crítica, reconoció Bartlett Díaz. Por la deuda contraída, sin duda, pero también por las obligaciones financieras subsistentes por los contratos de transporte de gasoductos. En una regresión a la ruta trazada por la reforma energética peñista, anunció que dejará de comprar electricidad y producirá la propia, con una capacidad instalada de 56,000 megawatts en sus plantas generadoras, 107,000 kilómetros de líneas de transmisión y 750,000 kilómetros de líneas de distribución.
Al mismo tiempo de que superará el “deterioro deliberado de las plantas e instalaciones”, Bartlett Díaz materializará la instrucción de AMLO de poner orden en la CFE con la instrumentación de un plan anticorrupción. Un sistema rígido, con auditorías y una plantilla de personal dedicada estrictamente a vigilar a los empleados.
“Seremos intransigentes, constantes y eficientes, en esta batalla”, aseguró Bartlett Díaz al Ejecutivo federal, señor, “los trabajadores de la CFE están totalmente de acuerdo”.
En la víspera, a Palacio Nacional y a la sede central de la CFE llegaron sendas misivas de empleados de la paraestatal con información detallada sobre las disparidades del tabulador de sueldos vigente. ¿Sus principales revelaciones? La identificación de jefes de departamento y de oficina con salarios más altos que los coordinadores de área, quienes serían sus superiores jerárquicos, y un amplio listado de subgerentes —“la madre de todas las categorías laborales en CFE”— con salarios de más de 150,000 pesos mensuales que se han rehusado a tomar la plaza de gerente, coordinador, subdirector o director.
Los denunciantes sostienen que hay 6,000 empleados en CFE que mensualmente devengan salarios superiores a los de sus jefes inmediatos. Y también que, amparados en el contrato colectivo, decenas de auxiliares, asistentes, secretarias y choferes con ingresos anuales superiores a 900,000 pesos.
Se quejan de la “doble jubilación”, que beneficia a los empleados de CFE que ingresaron a la empresa antes del 2008 y otros aspectos del pasivo laboral que incluye compromisos con 40,000 electricistas retirados.
Eficaces en la reconducción de CFE. Pero ¿implacables en la aplicación del plan de austeridad?
EFECTOS SECUNDARIOS
AMARRADOS. Las medidas cautelares concedidas por el ministro Alberto Pérez Dayán contra la Ley de Remuneraciones Salariales confirmó el peor escenario expuesto por el consejero jurídico de AMLO, Julio Scherer Ibarra, a las bancadas de Morena hace tres meses. Pero Pablo Gómez y Mario Delgado insistieron en un procedimiento fast track totalmente contraproducente, pues además de las actitudes despóticas de los parlamentarios del partido gobernante, evidenció su incompetencia. En vísperas de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación en el Congreso de la Unión, no pueden darse el lujo de acumular más fallas. En medio está la definición de la Ley de Austeridad que, de acuerdo con el cronograma legislativo, debía sancionarse esta misma semana. Por lo pronto, en el Canal Judicial y en las redes de la SCJN es posible ver videos grabados por José Woldenberg, Luis Raúl González Pérez, Jan Jaran y Diego García-Sayán en defensa de la autonomía y la independencia del Poder Judicial.
REACCIONES. Extraer petróleo sólo para satisfacer la demanda nacional y dejar de vender al extranjero no es una política energética del todo acertada, criticó Daniel Aranda, abogado experto en el sector y socio de la firma Foley Gardere Arena. A su juicio, al ser la venta de crudo al exterior la tercera fuente de recursos del país, se generarían mayores perjuicios que beneficios. Sobre la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, opina que es poco realista plantear que ésta podría estar operando en tres años, aunque la reconfiguración de las seis refinerías existentes, planteada por la secretaria Rocío Nahle, apuntaría en la dirección correcta. Aranda advierte que si en Pemex, cuyo grado de inversión está en riesgo según las calificadoras Fitch Ratings y Moody’s, no se invierte de manera inteligente en negocios que le son rentables, el mercado podría castigar dicha decisión.
RETORNO. El emplazamiento contra la Exportadora de Sal —la paraestatal en la que la firma nipona Mitsubishi Corporation está asociada con el gobierno mexicano— por posibles prácticas monopólicas reaviva la polémica sobre la viabilidad de tal negocio, atrapado en los últimos en una maraña de sobresaltos burocráticos y pleitos legales derivados del incumplimiento de los contratos firmados por el exdirector de la salinera Jorge Humberto López-Portillo que posteriormente fueron desconocidos por el consejo de administración que presidía el excoordinador de Minería de la SE Mario Cantú. En medio de ese pleito, el exsecretario Ildefonso Guajardo, quien hasta el último minuto intentó encarcelar al político jalisciense. Además del juicio en la Comisión Federal de Competencia, ESSA tendrá que defenderse de las quejas recientemente interpuestas por López-Portillo ante los tribunales administrativos y penales.
RETADOR. Con una quimérica toma de nota bajo el brazo, el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, insiste en que resulta innecesario convocar a la elección de una nueva dirigencia del gremio magisterial, como mandata la reforma laboral y exige Elba Esther Gordillo. “La representación legal y legítima de los trabajadores es nuestra y una minoría no va a condicionar lo que tenga que hacer el sindicato”, afirmó.
