No es un secreto que el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) tiene dificultades estructurales y que no es descartable, aun si la probabilidad sea menor de lo que se piensa, que Donald Trump active la cláusula 2205 que permite la salida de una de las partes. La probabilidad de que no lo haga es consecuencia del alto costo que implica la salida y la discusión constitucional en Estados Unidos sobre si la facultad de abandonarlo reside en la Casa Blanca o en el Congreso.
El pesimismo en la mesa de negociación resulta de la amenaza de Trump de abandonar el TLCAN si no se aceptan sus propuestas, así como la calidad y contradicción de estas últimas. En la tercera, pero sobre todo, en la cuarta ronda que terminó ayer, Estados Unidos ha puesto en la mesa un conjunto de propuestas que no son aceptables no sólo para Canadá y México sino para su propio sector privado y congresistas a favor de la apertura comercial. Es altamente probable que si algunas de estas ideas quedaran plasmadas en un acuerdo trilateral, éste no fuere aprobado por el Congreso de ese país.
El gobierno y el sector privado mexicanos cercanos a la renegociación han expresado la posibilidad de que el TLCAN deje de existir para con Estados Unidos. En principio podría seguir vigente con Canadá, tal como lo establece el artículo 2205. En este contexto algunos analistas han insistido en que se presente un plan B para la economía.
Sin duda, la salida de Estados Unidos del tratado tendría un impacto negativo sobre México. No obstante, el efecto de mediano y largo plazos dependerá mucho más de lo que se haga internamente que de la política de Trump o la agenda bilateral. El mejor antídoto contra la incertidumbre sobre la supervivencia del TLCAN, el incremento en la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal y el fin de su relajamiento monetario y la inminente elección presidencial en 2018, es reafirmar el compromiso con el plan A y no buscar una alternativa en uno B.
El TLCAN original tenía dos objetivos primordiales desde el punto de vista mexicano. El primero, dar certidumbre y permanencia a la apertura comercial. No fue sino hasta el tratado que las empresas, mexicanas y extranjeras, aceptaron la inevitabilidad y permanencia de la ambiciosa apertura. A raíz de esta señal, cientos de empresas cambiaron su forma de concebir el mercado y la generación de valor, de asumir el reto de convertirse en exportadores, cambiar la cultura corporativa, invertir en investigación y desarrollo y apostar por el talento. El cambio ha sido cuántico para todas ellas, aunque no todavía para amplios segmentos de la base productiva que siguen rezagados. El segundo, el establecimiento del Estado de derecho para las operaciones de comercio exterior e inversión extranjera.
Desde el punto de vista de Estados Unidos y Canadá, el propósito era desarrollar disciplinas de comercio exterior para influir al resto del mundo y mejorar la competitividad de América del Norte.
El impacto del TLCAN fue tan profundo que llevó a México a apostar a favor de la convergencia macroeconómica en la región, implementar políticas monetarias y fiscales robustas y buscar nuevos horizontes comerciales en América Latina, Europa y Asia. Estos elementos constituyen el plan A que ahora hay que reafirmar ante las dudas de un Estados Unidos que quisiera regresar a un pasado que ni existió ni es conveniente.
Ya se empiezan a escuchar voces en México a favor de una economía menos abierta, con menos competencia y menos disciplinas macroeconómicas. No va a ser fácil defender una mayor globalización, una apuesta por un cambio tecnológico más acelerado y profundo, un mejor funcionamiento de los mercados y finanzas públicas sanas si en Washington se defiende al populismo económico.
Sin embargo, éste es precisamente el momento de reafirmar el compromiso con el plan A de modernización, estabilidad y apertura de la economía mexicana. Pero no sólo quedarse allí, sino ir más lejos: expandir las oportunidades a sectores y regiones del país menos favorecidas, invertir de manera decidida en el establecimiento del Estado de derecho, terminar con la extendida economía de la extorsión y reducir y perseguir la corrupción que tanto merma la capacidad de crecimiento. En otras palabras, intensificar y extender el modelo que impuso el TLCAN al resto de la economía y del país.
El punto es que ahora quizá deba hacerse este compromiso de manera unilateral, sin socios de América del Norte y, quizá, uno en contra. México ya ha avanzado en esta dirección al acelerar las negociaciones para actualizar el tratado de libre comercio con la Unión Europea, asegurar la permanencia del TLCAN para con Canadá, buscar conseguir el TPP – 1 y expandir el alcance regional de la Alianza Pacífico. A esto debe sumarse resumir la apertura unilateral con disminuciones significativas de aranceles de nación más favorecida, tomar algunas iniciativas que podrían impulsarse en el contexto del TLCAN pero que vale la pena hacer aunque la renegociación no sea exitosa y reafirmar el compromiso con la estabilidad.
Entre ellas:
1. Consolidar las reformas de telecomunicaciones y energía con Canadá y la Unión Europea.
2. Poner en marcha una ambiciosa simplificación aduanera en términos de padrones sectoriales, aduanas únicas, precios estimados y otros obstáculos al comercio como ha propuesto la Comisión Federal de Competencia Económica.
3. Apostar decididamente por la economía digital y a la apertura comercial a través de ella. Entre más temprano se suba el país a la economía digital, mayores serán los beneficios para consumidores y empresas, en particular las pequeñas y medianas.
4. Implementar una apertura total de transporte terrestre, aéreo y marítimo para contar con la excelencia logística que permita competitividad global.
5. Apoyar el tránsito para los automóviles del futuro cuyo éxito depende no de fortalecer reglas de origen, sino de desarrollar y tener acceso a aceros ligeros de alta resistencia, de la incorporación de electrónicos de naturaleza global, el uso de tecnologías de la información y conectividad de telecomunicaciones, lograr cero emisiones y reciclado total competitivo.
6. Implementar plenamente las reformas estructurales.
7. Garantizar la independencia del Banco de México y el compromiso con finanzas públicas sanas en las que los recursos del petróleo no se usen para gasto corriente.
8. Promover la inclusión y el Estado de derecho invirtiendo en municipios viables con base a recaudación relevante del impuesto predial.
El gran riesgo de Trump para México no es tanto que se cierre la economía de Estados Unidos, sino la mexicana. Si termina saliéndose, debe sin duda cobrársele los aranceles de nación más favorecida que se autoimpuso, pero sería un grave error caer, como él, en la tentación de un proteccionismo que no funciona ni conviene a los mexicanos.
@eledece