La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), hará una alianza con los estados para perseguir penalmente la defraudación fiscal y detectar la omisión en contribuciones o el uso de esquemas de factureras, a fin de ayudar a las entidades a aumentar su recaudación participable y compensar la caída en Participaciones.
Carlos Romero Aranda, titular de la PFF, anticipó que en agosto se prevén las primeras firmas de convenios con los estados, aunque ya se comenzó a trabajar con los gobernadores, siendo Ciudad de México, Chihuahua, Baja California y Oaxaca las entidades donde hay mayor avance en la estrategia de combatir de manera conjunta la defraudación fiscal.
“Buscamos inhibir la defraudación fiscal, atacarla e inhibirla, y eso implicará que aumente la recaudación. Si firmamos los convenios, los estados nos tendrían que empezar a pasar asuntos, y si nosotros consideramos que hay delitos presentaremos las querellas, es decir, así como nos los pasa el SAT (los asuntos), pero ahora los estados”, señaló en entrevista con El Financiero.
Romero Aranda dijo que “al no haber fondos públicos ahorita y al haber bajado las Participaciones”, desde Hacienda se busca apoyar a las entidades mediante la presentación de denuncias por defraudación fiscal, toda vez que hoy la facultad para presentar querellas por ese delito es de la Procuraduría Fiscal.
Estados, sin facultades
Explicó que los estados revisan las omisiones de ISR e IVA y practican auditorías, pero no pueden presentar querellas y no remitían asuntos para presentar acusaciones, por lo que las auditorías se quedaban en el “limbo” y solo se quedaba la investigación en un asunto administrativo.
“Lo que estamos proponiendo con estos convenios es que cuando revisen ISR e IVA puedan presentar querellas por defraudación fiscal por mi conducto, que me den vista de los expedientes durante la querella”, indicó.
Y agregó: “Lo que buscamos hacer es replicar lo que estamos haciendo a nivel federal, lo hagamos también con las entidades, no dejan de ser contribuciones federales, lo único es que la autoridad local se subsume a la facultad federal y se lleva a cabo una cobranza a nivel federal”.
Romero Aranda dijo que con la firma de convenios también se busca combatir de forma conjunta a las empresas factureras a nivel local, por lo que el objetivo es intercambiar información para que se pueda acceder a datos que tiene los estados y así poder presentar las querellas respectivas.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda, las entidades federativas recibieron 52 mil 163 millones de pesos en junio de 2020, monto 39 por ciento anual menor, en términos reales, la mayor caída para un mismo mes desde la crisis de 2009.