El Financiero, Andrea Navarro
Las plataformas digitales como Uber Technologies, Airbnb y Netflix llegaron a México hace apenas unos años a revolucionar cada una de las industrias en las que operan.
Han sido clave en la transformación digital de zonas urbanas, donde tomar un Uber estos días es tan fácil como dar tres clics en una pantalla y esperar unos cuantos minutos. En lugares como San Miguel de Allende, donde el costo de hospedaje ha aumentado considerablemente, Airbnb tiene cientos de opciones para rentar casas enteras y dividir el costo entre amigos.
Pero la llegada de cada uno ha sido también controvertida. Los taxistas se quejan de Uber, los hoteleros de Airbnb. El hilo en común contra este tipo de plataformas es que la competencia y las barreras de entrada no son claras. Por años han pedido más regulación, más impuestos y más control a su crecimiento.
Las autoridades lo saben.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene en la mira a este tipo de plataformas digitales que representan nuevas fuentes de ingresos, y el próximo año será clave para proyectos piloto que eventualmente podrían volverse ley.
Es por eso que la Unidad de Política Tributaria en Hacienda se dedicó durante un año a negociar con los más grandes participantes, Uber y Airbnb, para iniciar un programa de fiscalización voluntaria, yendo detrás de lo más sencillo de gravar: el ISR y el IVA.
Si en 2019 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se une a la fiesta de la economía compartida ¿la podrá arruinar causando un aumento de precios?
“Sin duda es un paso muy interesante el que está dando el SAT para tratar de gravar los ingresos y las actividades de los conductores”, afirmó el abogado especialista en temas constitucionales y fiscales Luis Pérez de Acha.
“México no es el único en esta situación de buscar cómo gravar este tipo de actividades”.
Para México, el esfuerzo es clave para aumentar la recaudación fiscal, la peor entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, debido a que gran parte de su actividad económica sigue siendo informal. Los ingresos adicionales que trajo reforma fiscal de 2013 comienzan a estancarse, por lo que se requieren nuevas vías de ingresos tributarios.
Tal como menciona Pérez de Acha, los obstáculos para fiscalizar la nueva economía digital no son exclusivos a México. Muchos gobiernos alrededor del mundo, tanto federales como locales, tienen una delgada línea que navegar. Por una parte, no quieren ser vistos como un freno al desarrollo digital y al progreso. Por otra, deben encontrar la manera de recaudar impuestos para beneficiarse de las nuevas tendencias y para emparejar el terreno de juego para todos los involucrados.
Viaje completado
Después de un año de pláticas, las negociaciones entre Uber y la dependencia, entonces a cargo de José Antonio González Anaya, fueron exitosas. A finales de noviembre, la compañía aceptó sumarse a la regla administrativa publicada por el SAT.
Bajo el programa piloto de carácter voluntario, la plataforma retendrá a conductores automáticamente el 8 por ciento de IVA y hasta 9 por ciento de ISR, que variará dependiendo de la cantidad de viajes completados cada mes. Uber Eats también se sumó, por lo que los repartidores que entreguen alimentos a través de esa plataforma estarán sujetos a la retención.
Uber es un aliado clave: domina más del 80 por ciento del mercado en México, según Dalia Research, y es probable que tenga muchos conductores o repartidores que no declaran o pagan adecuadamente impuestos sobre los ingresos que generan. El programa no crea un nuevo gravamen, es únicamente una retención de lo que, en teoría, deberían estar declarando y pagando mensualmente, tal y como lo hacen otros prestadores de servicios formales.
El gobierno apuesta a que el programa sea bien recibido por los conductores. Por ejemplo, en lugar de hacer declaraciones mensuales, solo tendrán que declarar impuestos una vez al año.
“Los usuarios y conductores serán los mayores perdedores con esta medida,” afirmó un usuario en Facebook. “Los únicos ganadores serán unos cuantos políticos y burócratas”.
Un gran “sin embargo” es que la naturaleza voluntaria del programa abre la puerta a que algunos conductores sigan evadiendo impuestos cambiándose a plataformas que opten no participar. Cabify ya accedió, pero el gigante chino que recién entró al país, Didi Chuxing, no lo ha hecho.
“Estaremos atentos a lo que las nuevas autoridades dictaminen en esta materia”, dijo la compañía en un correo a Bloomberg Businessweek México.
El programa comenzará en abril, de acuerdo con la regla publicada el 30 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación.
Ya que que se trata de impuestos que los conductores ya tendrían que estar pagando, el programa no debería representar un incremento en precios. Pero será dentro de unos meses cuando los usuarios vean quién absorbe el costo.
Por lo general, el IVA tiende a ser trasladado al consumidor, según el abogado constitucionalista Gonzalo Sánchez de Tagle. “El servicio se va a encarecer ya que ese IVA se va a tener que reflejar en el costo total del viaje. Un viaje de 100 pesos ahora va a costar 108 pesos”, dijo en entrevista.
La Secretaría de Hacienda espera convertir el programa piloto en ley después de un periodo de prueba aún por definir. Aunque las negociaciones se hicieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se espera que la entrante administración siga el proceso.
La dependencia no respondió a la solicitud de comentario para este artículo.
En ciudades clave como Nueva York y Londres, Uber ha pasado gran parte del año envuelto en batallas legales sobre derechos y sueldos de sus conductores y congestionamiento en las calles, solo una fracción de los problemas que el director global, Dara Khosrowshahi, ha tenido que enfrentar desde que llegó a mediados de 2017.
Este tipo de problemas legales han hecho que la compañía evite acuerdos como el de México, por temor a que se abra la puerta a debates sobre si sus conductores deberían ser considerados empleados o no.
Por ahora, Uber asegura que los conductores con los que trabaja son independientes, ya que no han acordado realizar ningún trabajo para la empresa. La abogada de Uber, Dinah Rose, argumentó en octubre en una corte de Londres que el contrato entre Uber y los conductores es esencialmente un acuerdo de licencia en el que se les permite utilizar la aplicación para conectarse con los usuarios.
Habrá que ver si en México algún conductor de Uber o cualquiera de sus rivales ve en la nueva regulación una oportunidad de abrir ese diálogo, exigiendo un cambio en el estatus laboral o un incremento en prestaciones.
Sánchez de Tagle cree que existe la posibilidad. “¿Por qué la empresa va a retener impuestos si no es su empleador? Están estableciendo un tipo de relación, de subordinación y están obligando a un vínculo”, dijo.
Airbnb rechaza
Las negociaciones con la plataforma de hospedajes fueron muy diferentes a las de Uber.
Después de meses de pláticas, la empresa estaba por acordar algo similar: cada mes entregaría a Hacienda un reporte con dos columnas, una con los RFC de los anfitriones y otra con los ingresos que cada uno había acumulado. No incluiría cantidad de propiedades o noches rentadas por cada anfitrión. Además, Airbnb haría la retención automática de un ISR de un solo dígito.
Airbnb se paró de la mesa un mes antes de que el acuerdo fuera anunciado, según una fuente cercana al tema. La compañía dijo que tenía obstáculos técnicos para retener impuestos.
La plataforma no es ajena a acuerdos de retención, y tiene decenas de esquemas con gobiernos locales donde retiene impuesto al hospedaje, incluida la Ciudad de México donde retiene 3 por ciento. En mayo, Airbnb acordó con el gobierno de Dinamarca reportar los ingresos de anfitriones a la autoridad fiscal. El acuerdo en México hubiera ido más allá, incluyendo no sólo el reporte sino también la retención.
“Como parte de nuestro compromiso con el diálogo y los acuerdos con autoridades locales, hemos celebrado en México siete acuerdos para recolectar y remitir de forma voluntaria el impuesto al hospedaje en nombre de nuestros anfitriones locales”, señaló la compañía a Bloomberg Businessweek México.
Siguientes pasos
La oficina dentro de la Secretaría de Hacienda que buscó estos acuerdos dejó un plan claro a la siguiente administración. Los siguientes en la lista son plataformas de ‘streaming’ como Netflix, Amazon Prime y Spotify Technology SA.
Actualmente, una membresía mensual en Netflix cuesta desde 109 pesos, mientras que una membresía anual de Amazon Prime cuesta 899 pesos al año, e incluye envíos gratis.
Estas membresías no cobran IVA, por lo que Hacienda inició conversaciones con ambas compañías para que retengan ese impuesto, como lo hacen millones de negocios en el país. La figura para poder hacerlo sería suponer que el contenido digital que un usuario consume es un servicio importado.
Así, el usuario pagaría el IVA que sería captado por la compañía y remitido a Hacienda.
Las negociaciones aún están en una etapa inicial, y el cambio de gobierno posiblemente las retrasará, pero la intención es clara: la nueva economía digital representa muchas oportunidades nuevas de fiscalización.
Netflix declinó comentar. Amazon México no respondió a una solicitud de comentario.
Más allá
Desde marzo del año pasado, los países del G20 pidieron a la OCDE que investigara las implicaciones de la digitalización de la economía en los sistemas tributarios.
Cuando se habla de fiscalizar a los usuarios de plataformas digitales, queda claro quién debe recibir esos impuestos. Cuando un anfitrión de Airbnb renta su propiedad en Acapulco, es ahí donde se debe quedar el impuesto al ingreso del anfitrión o el impuesto hotelero.
Pero cuando se habla de fiscalizar los ingresos de la compañía misma, surgen preguntas que no son tan fáciles de contestar y que han iniciado debates en los más altos niveles de gobierno alrededor del mundo.
“Hay dos mundos, el ideal y el real”, mencionó el abogado Pérez de Acha. “El ideal es lo que están buscando todos los países del mundo para gravar a este tipo de plataformas. Muchos se han ubicado en países que son considerados paraísos fiscales por la baja tributación”.
La OCDE señaló en un reporte en marzo de este año que será complicado llegar a un consenso mundial sobre la mejor manera de gravar a este tipo de compañías, recomendando que cada país o región adopte medidas temporales.
Es así que en la Unión Europea se está discutiendo una iniciativa de ley que crearía un impuesto de 3 por ciento a compañías digitales que tengan ingresos mundiales por más de 750 millones de euros y de 50 millones de euros dentro del bloque.
Holanda, Dinamarca, Irlanda y Malta se opusieron a la iniciativa de manera formal. Por otra parte, Inglaterra dijo el mes pasado que, si no se llega a un acuerdo, el Reino Unido implementará el impuesto por sí mismo.
El próximo año, México se tendrá que dar a la tarea de estudiar lo mismo. Si la Unión Europea logra pasar esa ley, podría servir de modelo, y daría pocos argumentos a las compañías para negarse a un impuesto del tipo en nuestro país.
“Son temas complicados – los impuestos deben ser proporcionales y progresivos”, dijo Sánchez de Tagle. “México debería poder decir a estas compañías: tu operación en México te dio un monto, y de eso me debes dar una parte. Esa es la premisa básica de la tributación”.
