Comparten los mismos riesgos ante el nuevo gobierno de Estados Unidos: la posibilidad de enfrentar deportaciones masivas, eventuales cambios en los acuerdos comerciales y la construcción de un muro fronterizo.
Pero los gobiernos de Centroamérica, especialmente de los países en el llamado Triángulo Norte, han guardado silencio ante las críticas y amenazas de Donald Trump a México.
Ese silencio se hizo aún más atronador este jueves, cuando Rex Tillerson, secretario de Estado de EE.UU. llegó en visita oficial a México en medio de una nueva crisis: el canciller mexicano, Luis Videgaray, respondió con un sonoro ‘No’ a la decisión del secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, John Kelly de devolver a los indocumentados “al territorio de los países contiguos de donde hayan llegado”.
Kelly formaba parte de la comitiva oficial que acompaña a Rex Tillerson en su visita México.
¿Por qué el silencio centroamericano?
Algunos especialistas creen que no desean llamar la atención del presidente de Estados Unidos y enfrentar una crisis similar a la de su vecino.
Otros dicen que están a la expectativa sobre la forma como se establezca la nueva relación bilateral entre los mexicanos y estadounidenses.
Y hay quienes creen que, en el fondo, el papel de los países de la región frente Estados Unidos es “pequeño” comparado con México.
“Parece que no quieren moverle para que las cosas sigan igual”, le dice a BBC Mundo Manuel Ángel Castillo, investigador del Colegio de México.
“Es como decir coloquialmente: si nos ponemos al brinco (confrontar) vamos a llamar la atención y se van a encarnizar con nosotros”.
Confianza
BBC Mundo preguntó en las cancillerías de Honduras y Guatemala por qué no han realizado pronunciamientos públicos sobre el tema.
También cuestionó si el silencio es parte de una estrategia ante el nuevo gobierno de Trump. No hubo respuesta.
Así, no hay explicaciones oficiales sobre la ausencia de pronunciamientos públicos en la crisis diplomática de los países vecinos.
Pero algunos analistas como Francisco Villagrán de León, exembajador de Guatemala en Estados Unidos, ofrecen algunas pistas.
Según Villagrán, en Centroamérica y especialmente en su país existe la idea de que no habrá deportaciones masivas hacia la región.
La razón es el general retirado John Kelly, responsable del Departamento de Seguridad Interior que se encarga de ejecutar la política migratoria estadounidense.
El militar fue jefe de Comando Sur y por eso “conoce bien nuestro país y el resto de Centroamérica”, dijo Villagrán durante una conferencia en el Movimiento Semilla de Guatemala.
“Kelly entiende el impacto que tendrían en Guatemala las deportaciones masivas y cómo afectarían la seguridad, la economía y la estabilidad política”, subraya.
“Se espera que Washington entienda que una desaceleración de la economía en los países del Triángulo Norte tendría un impacto inmediato en la seguridad, y sería un detonante para nuevos movimientos migratorios hacia el norte”.
En Estados Unidos viven más de 3 millones de migrantes centroamericanos, muchos de forma irregular, según datos de la Oficina del Censo de ese país.
No a la confrontación
Existen sin embargo otras razones para mantener un perfil bajo ante las diferencias entre el gobierno mexicano y el estadounidense.
Desde los años 80, Washington concedió el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a migrantes de Nicaragua y El Salvador.
A Nicaragua fue porque se consideraba al gobierno sandinista un enemigo. El estatus para los salvadoreños tiene razones similares: Estados Unidos apoyaba al gobierno salvadoreño en su lucha contra la guerrilla.
El beneficio se autorizó en 1999 a personas de Honduras afectadas por la devastación que un año antes provocó el huracán Mitch en su país.
Es una especie de permiso a personas que no pueden regresar a su país de origen de manera segura, debido a conflictos armados o desastres ambientales, por ejemplo.
Los beneficiados con el TPS pueden quedarse en Estados Unidos el tiempo que dure el permiso.
También les autoriza a viajar y obtener un permiso de empleo, y evita que sean deportados por su condición migratoria.
Además, a quienes se otorga este salvoconducto pueden trasladar a sus hijos desde Centroamérica para vivir con ellos en su nuevo país.
A pesar del TPS, miles de salvadoreños con antecedentes criminales han sido deportados a su país de origen desde el gobierno de George Bush padre (política que continuaron Bill Clinton y George Bush hijo).
Muchos de los deportados fundaron las maras, que se convirtieron en los principales grupos criminales de El Salvador para luego extenderse a otros países de la región. Las maras han sido un factor clave para que Centroamérica se convirtiera en una de las regiones más violentas del mundo.
Este permiso de residencia temporal debe renovarse cada 18 meses.
Sin embargo, en cualquier momento el gobierno estadounidense puede decidir si lo revoca a cualquiera de los 11 países que actualmente lo tienen.
De hecho, desde los años 80 los gobiernos centroamericanos negocian en Washington que se les conserve el TPS.
Es uno de los temas fundamentales en la relación con Estados Unidos. En El Salvador, por ejemplo, algunos periodistas dicen que si un candidato presidencial no ofrece la renovación del permiso, no es elegido.
Es uno de los argumentos para evitar confrontaciones con Donald Trump, dice Manuel Castillo.
Aunque parezca que se deja solo a su vecino frente al magnate, como si fuera una especie de colchón con Centroamérica.
“Como que les resulta más cómodo que México siga aguantando los cocolazos (golpes), y que no se metan entonces con ellos”, señala.
