Reforma, Negocios / Capitanes, Redacción
En medio de la crisis por negociación de los contratos de gasoductos, ayer se abrió una luz de esperanza.
En Sonora, el juzgado VII de Distrito rechazó en definitiva el amparo que habían solicitado las autoridades yaquis de la Loma de Bácum contra el gasoducto Guaymas-El Oro, a cargo de la empresa de Carlos Ruiz Sacristán, IEnova.
Esto agotó definitivamente la pelea legal en esta instancia, aunque nada descarta que los afectados busquen al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa en Hermosillo o incluso inicien la pelea para que el caso lo pueda atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Este gasoducto fue puesto en operación en mayo de 2017, pero luego registró actos de sabotaje y un amparo directo de una comunidad yaqui. La infraestructura ha sido la manzana de la discordia entre ocho de los pueblos de la tribu yaqui, donde solo uno de ellos, Loma de Bácum, promovió el amparo.
Esta comunidad alegaba que el trazo del gasoducto afectaba el territorio yaqui, por lo que pidió que se evaluaran otras opciones ya que temían perder el control de las tierras.
Por lo pronto, la resolución fue aceptada con beneplácito por los siete pueblos yaquis restantes y por el sector empresarial de Sonora que hace unas semanas había pedido a la jueza de distrito aplicara el estado de derecho en el estado.
