El Economista, Economía, Belén Saldívar y Jorge Monroy
El presidente Andrés Manuel López Obrador busca prohibir la condonación de impuestos, que en años pasado benefició a grandes contribuyentes y ha sido catalogada como “huachicol de cuello blanco” por parte del mandatario.
“Voy a enviar antes de que comience el periodo legislativo una iniciativa para reformar el Artículo 28 de la Constitución y que sea quitado el derecho a la condonación de impuestos. Que se elimine de la Constitución. Que quede establecido que está prohibido el que se condonen impuestos para que se acaben los abusos que se cometían”, manifestó en su conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional.
El artículo referido por el presidente indica que en México “quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria”.
En mayo, el Ejecutivo firmó un decreto para acabar con este tipo de prácticas, debido al abuso que se les dieron, y poner “piso parejo” para todos los contribuyentes.
El decreto dejó sin efectos el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, en el cual el presidente podía otorgar la condonación de impuestos. No obstante, dicha práctica puede ser utilizada en ocasiones extraordinarias, como lo son al tratar de no afectar la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como para ayudar a aquellos afectados por catástrofes naturales, plagas o epidemias.
Durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se condonaron impuestos por 400,902 millones de pesos a 153,530 contribuyentes. Del total del monto condonado, 54% (213,000 millones) se concentró sólo en 108 contribuyentes del sector privado.
Decreto no podía ser única solución
Iván Benumea, investigador del Programa Justicia Fiscal de Fundar, centro de análisis e investigación, refirió que reformar la Constitución respecto a las condonaciones es un paso importante, ya que el decreto firmado meses atrás no podía ser la única solución.
Explicó que el decreto al ser presidencial expira al finalizar la administración de López Obrador, además de que sólo aplicaba para el Ejecutivo, mientras que el Poder Legislativo quedaba fuera, por lo que puede proponer algún tipo de condonación o programas de amnistía fiscal.
“Las condonaciones no son un derecho, son políticas económicas que se implementaron en sexenios pasados, con justificaciones pobres, desde apoyar a las familias, reactivar la economía o aumentar la recaudación; pero al final, sólo ayudaron a las grandes empresas”, señaló.
Agregó que regular este tipo de “perdones fiscales” desde la Constitución es un paso muy importante, y un mensaje político y jurídico fuerte.
“Una reforma constitucional es una medida más amplia porque, en materia económica, los Poderes Legislativo y Ejecutivo comparten atribuciones, y ahora ambos ya no podrían aplicar este tipo de políticas”.
Para Fundar, las condonaciones fiscales son una muestra de cómo el sistema tributario mexicano es desigual para los contribuyentes, por lo cual estas acciones encaminan a hacerlo más justo; no obstante, Iván Benumea refirió que aún se necesita una reforma fiscal que apunte a la igualdad.
Por su parte, Juan de la Cruz Higuera, socio director de JCH Abogados, precisó que está bien que se eliminen las condonaciones fiscales; sin embargo, explicó que no se podrían eliminar por completo en los casos excepcionales porque podría afectar a la población de bajos recursos.
Los expertos refirieron que en el corto plazo posiblemente no se vea un impacto significativo en la recaudación tributaria ante la eliminación de las condonaciones fiscales; sin embargo, hacia futuro ayudará al país a recaudar más y ser más justo en lo que se refiere al sistema fiscal.
