El Economista, Opinión, Quadri de la Torre
Es clara la obsesión del gobierno con las energías fósiles, por causas inescrutables y ajenas a la razón. Sin embargo, ha llegado a extremos inverosímiles. Ahora, a través del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), e invadiendo competencias de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), expidió el viernes pasado un acuerdo en el que prohíbe las pruebas operativas de centrales eléctricas renovables, y en la práctica bloquea su operación y despacho. Es algo sin precedente en el mundo. Aunque esgrime falazmente como argumento la contingencia sanitaria, en realidad hay dos razones para este injustificable atropello
La primera son los bajos costos operativos de las centrales eléctricas renovables (solares y eólicas) – su costo marginal cero – por lo que son despachadas de manera prioritaria y dejan fuera económicamente a las centrales de CFE de combustibles fósiles. En el contexto de una pronunciada caída en la demanda de electricidad por el colapso económico, el gobierno quiere evitar la competencia. Pretende poner en funcionamiento plantas obsoletas, ineficientes y contaminantes a combustóleo, con el pretexto de la estabilidad del sistema eléctrico en términos de voltaje y frecuencia, acusando a las renovables de intermitencia. En México las renovables contribuyen con un 6 -7% de la generación total de energía. En Alemania, Dinamarca, Italia, California, Texas, y en varias provincias chinas y en muchos otros países la penetración de las renovables va del 15 al 30% sin afectar la estabilidad del sistema eléctrico. La entrada de plantas de combustóleo en lugar de las renovables va a impactar severamente en los costos, incluso de la misma CFE (Suministro Básico). Todos lo vamos a pagar vía impuestos y tarifas eléctricas más elevadas.
La segunda, es el exceso de oferta de combustóleo por parte de las refinerías de Pemex y la pretensión del gobierno de refinar más, lo que, además de implicar mayores pérdidas económicas, generará más combustóleo, que ya casi nadie quiere en el mundo. Dar salida a ese combustóleo es una clave en sus delirantes planes energéticos. Recordemos que el combustóleo es un residuo de la refinación del petróleo, y uno de los combustibles más sucios y contaminantes que existen, más cuando tiene un alto contenido de azufre, como es el caso mexicano (4% en peso).
Pero el mayor costo de esta absurda decisión será en términos de salud pública. El combustóleo es la fuente más importante de partículas contaminantes PM2.5 que impactan en forma directa en morbilidad y mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cerebro-vasculares, respiratorias, cáncer, y enfermedades infecciosas como el Covid-19; tal como se ha demostrado profusamente en investigaciones científicas. Sólo en la Zona Metropolitana del Valle de México y Tula se estiman más de 14,000 muertes prematuras por PM2.5 provocadas por la termoeléctrica de Tula que funciona con combustóleo. Combustóleo significa muerte. Punto.
La decisión del gobierno conlleva por otro lado repudiar compromisos internacionales de México (que son ley suprema de la Nación) como el Acuerdo de París en materia de cambio climático; un verdadero estigma internacional. También, implica violar ostensiblemente la legislación nacional en términos de la Ley de Transición Energética y la Ley de Cambio Climático que obligan a generar el 35% de la electricidad con fuentes renovables o limpias para el 2024. Tendrá también implicaciones en tratados comerciales internacionales.
La decisión representa un atentado contra el estado de derecho y la confianza. Echa por tierra una capacidad de generación renovable de 28 proyectos por más de 4,500 MW y una inversión de más de 6,000 millones de dólares. Es otro golpe bajo a la economía nacional y al sector privado, nacional y extranjero. También, equivale a torpedear el perfil financiero de Banobras, Bancomext y Nafin, así como del BID y del Banco Mundial, que han invertido o participado como organismos de crédito en muchos proyectos renovables. Esperemos una estampida de la inversión privada, y una oleada de litigios nacionales e internacionales contra el gobierno mexicano. Otro desastre más de la 4T.
