Reforma, Negocios, Verónica Gascón
Cd. de México (26 febrero 2020).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene identificadas 8 mil empresas de facturación apócrifa y en las investigaciones ya se detectaron grupos que crearon más de 500 empresas para ejecutar este esquema con outsourcing ilegal, expuso en entrevista Carlos Romero, Procurador Fiscal.
Esos grupos son difíciles de rastrear debido a que muchos tienen como domicilios fiscales terrenos baldíos, con empresas constituidas por personas de bajos recursos, explicó.
Romero señaló que las investigaciones van orientadas a quienes usan el esquema de outsourcing ilegal y operan con facturación apócrifa.
Este tipo de redes de empresas de facturación apócrifa, inicia con empresas que ofrecen a los patrones un servicio de subcontratación a través del cual se ahorrará los costos laborales. Dichas empresas, a su vez, crean otras para emitir las facturas o comprobantes de nómina.
“Esta empresa (la que inicia) abajo tiene una serie de empresas factureras constituidas por personas de escasos recursos, constituidas por personas en extrema pobreza que tienen como domicilios fiscales terrenos baldíos”, dijo.
En estas últimas empresas, se registran a los trabajadores con un salario mínimo y los van cambiando a otras empresas, con bajas y altas del IMSS. Las empresas que se crean para estos fines se liquidan o se ponen en suspensión de actividades.
Romero afirmó que este esquema afecta a los trabajadores porque no se establece una relación laboral y por ende, no generan antigüedad y no tienen derecho a prestaciones como el reparto de utilidades.
El Procurador Fiscal advirtió que los patrones que recurren al esquema ilegal de outsourcing pueden ir a la cárcel si se comprueba que además compraron facturas falsas.
Si solo es una operación simulada donde usan el outsourcing ilegal para la contratación de nómina, el SAT le hará cumplir a la empresa con el pago de impuestos con actualizaciones y recargos.
Pero si además se comprueba el uso de facturas falsas o comprobantes de nómina falsos, podría ir a la cárcel.
“Son sanciones penales, porque a partir de enero de 2020 el comprar este tipo de comprobantes con operaciones simuladas da lugar a qué sea un delito que afecta la seguridad nacional y por lo tanto podría tener hasta prisión preventiva oficiosa”, describió Romero.
Enfatizó que ya no habrá tiempo de gracia para que las empresas se pongan en orden porque ya aplica la prisión preventiva.
“A partir de enero del 2020 el comprar este tipo de comprobantes con operaciones simuladas da lugar a que sea un delito que afecta la seguridad nacional y por lo tanto podría tener hasta prisión preventiva oficiosa”, subrayó.
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