El Financiero, Economía, Leticia Hernández
El sector privado pidió este miércoles a los tres niveles de Gobierno (federal, estatal y municipal) que pague los intereses a las empresas cuando se retrase la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), esto en cumplimiento de sus obligaciones con proveedores y en el otorgamiento de permisos de construcción.
“Si nos gustaría pedirle a la autoridad, por que es justo, que si después de 30 días no se le ha devuelto al contribuyente su IVA, se le paguen intereses. Para las micro y pequeñas empresas, el capital de trabajo lo es todo”, apuntó este miércoles Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Si en esta administración federal se habla de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, esto debe cumplirse, consideró.
Además, si continuará la disposición de cancelar la devolución universal en el caso de las empresas con productos de venta en tasa cero del IVA, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debería reconocer un determinado pago de intereses, una tasa similar a la bancaria, para compensar el crédito que pagará la Mipyme para seguir en operación hasta que recupere su devolución, explicó el presidente del CCE.
“Si va a continuar la cancelación de la devolución universal, que se reconozca el pago de intereses después de un periodo considerado de 30 a 45 días”, agregó en conferencia de prensa.
Lo mismo aplica para aquellas empresas que son proveedoras de bienes o servicios para gobiernos municipales, estatales y federal, que se les pague en el tiempo acordado en los contratos y, de lo contrario, que comience a correr el cobro de intereses.
“Si queremos apoyar a las empresas, que el gobierno y las mismas empresas entre sí se obliguen a pagarles intereses, y lo mismo debería aplicar en los permisos de construcción”, apuntó.
Estas “ineficiencias”, señaló el presidente de la máxima cúpula empresarial, “detienen la marcha de la economía nacional”.
En la miscelánea fiscal del año anterior fue cuando se dispuso la cancelación de la compensación universal, con el argumento de que había abusos y lo aprovechaban empresas fantasma.
Pese a la insistencia del sector privado de revisar la decisión por el daño operativo que causaría, sobre todo a las empresas del sector primario, se mantuvo bajo el acuerdo que el SAT agilizaría la devolución cuando esta aplicara.
“Hasta ahora los tiempos varían mucho, para algunas ha sido rápido y otras han parecido más meses, lo que pedimos es que se regularice”, puntualizó Salazar Lomelín.
