El Economista. Caja Fuerte. Luis Miguel González. En la renegociación del TLC 2.0, EU y Canadá han exigido a México que haga concesiones sustanciales en materia laboral. Las demandas más importantes se refieren a tres temas: incremento de los salarios de los trabajadores mexicanos; promoción de la democracia al interior de los sindicatos, y una mejora en el sistema de justicia laboral.
Las exigencias de los socios del TLCAN reflejan la presión de los sindicatos y de una parte de la opinión pública de Canadá y Estados Unidos. Acusan a México de utilizar la política laboral como un arma de competencia “desleal” para atraer inversiones y trasladar empleo desde Norteamérica hacia México. Sus quejas se nutren de anécdotas y datos. Constituyen una narrativa que es simple, pero apegada a la realidad: los trabajadores mexicanos reciben bajos salarios porque no tienen sindicatos que los defiendan ni tribunales que hagan valer sus derechos. El problema no es con las leyes mexicanas, sino con la forma en que éstas se cumplen en la práctica.
Los salarios en la industria automotriz son utilizados para ilustrar este punto. En México, un trabajador de esta industria gana en promedio el equivalente a 3 dólares estadounidenses. En Canadá y EU, el ingreso por hora está en el rango de 16 a 18 dólares. Esta brecha existe a pesar de que la productividad por trabajador es similar en los tres países.
¿Qué tan normal es esta situación? Podemos comparar la situación en la región América del Norte con lo que ocurre en Europa central. Las armadoras alemanas han desarrollado clústeres automotrices en países como Polonia, República Checa o Hungría. El diferencial de sueldos entre los trabajadores alemanes y los de estos países excomunistas está situado en un rango que no rebasa 50 por ciento.
El equipo negociador mexicano ha resistido “con éxito” las presiones de sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá, en el llamado capítulo laboral. No se han desgastado en desmentir las críticas de fondo, más bien se han concentrado en desarrollar una defensa que podríamos llamar soberanista. México no puede aceptar que Estados Unidos y Canadá le dicten la forma en que deben funcionar sus mercados laborales. Lo que sí, han mostrado flexibilidad a que una parte de los contenidos de los autos sea producida en regiones con sueldos superiores a 15 dólares por hora.
¿Habrá cambio de línea con López Obrador? Todo parece indicar que sí. De manera extraoficial se sabe que éste es uno de los temas que se trataron en la reunión de la jefa negociadora canadiense con AMLO y su equipo. No es difícil imaginar por qué López Obrador está de acuerdo con “ceder” en este punto. Él ganaría en lo interno, al cumplir con su promesa de campaña de mejorar los salarios. Al mismo tiempo, crearía la oportunidad de destrabar la negociación. Con un México dispuesto a hacer concesiones en el capítulo laboral, Trump y Trudeau tendrían algo que presumir a sus sindicatos y a su opinión pública.
Todo esto genera algunas preguntas: ¿Qué papel jugaría el equipo negociador que encabeza Guajardo en la instrumentación de este cambio? ¿Será suficiente esta concesión para acelerar la firma de un TLC 2.0? ¿Cuánto tiempo tardarían los trabajadores mexicanos en ver los frutos? ¿Habrá reducción en las inversiones extranjeras a México?