Proponen reforma en ley de contrataciones públicas; buscan sustituir Compranet

Instituciones públicas y organizaciones civiles presentaron una propuesta para reformar la ley de contrataciones públicas, la cual contempla la creación de un instituto y una nueva plataforma digital completamente transaccional y de uso obligatorio, que sustituya a Compranet, con lo que se permita ordenar y consolidar un sistema nacional de adquisiciones para establecer mecanismos que evalúen riesgos de corrupción, así como prevenir conflictos de intereses.

Esta iniciativa realizada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), México Evalúa y Transparencia Mexicana, tiene “el objetivo de resolver los problemas y las oportunidades históricas en el sistema de contrataciones públicas”.

?En conferencia virtual, Mariana Campos, integrante de México Evalúa, señaló que la creación de esta plataforma representa “el secreto de toda nuestra propuesta”, ya que “va estar desde la planeación hasta la ejecución de los contratos, va contener toda la información de este ciclo, de tal manera que se facilite el seguimiento de contrataciones, además de que se pueda hacer en el menor tiempo”.

Asimismo, Eduardo Bohórquez, de Transparencia mexicana, agregó que una de las problemáticas con la ley vigente es que “necesitamos que Compranet sea realmente una herramienta donde esté toda la información para transparentar los procesos, reducir riegos de corrupción y, sobre todo, decidir bien sobre lo que está contratando el Estado mexicano”.
Dicha iniciativa también se detalla que se busca fortalecer los mecanismos de compras públicas, de manera que ordena que dichos procedimientos “se realicen con base en la disponibilidad presupuestal e investigaciones de mercado completas; y que los procesos de contratación se realicen de manera oportuna y viable”, refiere la iniciativa.

?Incluye mecanismos que permitan una mayor competencia en los procesos de contratación, en los que se limitan las adjudicaciones directas, además de que se incluyen sanciones de inhabilitación hasta por cinco años para empresas que coludan en concursos públicos.

Con esta iniciativa también pretende establecer un control en compras de “gran magnitud”, privilegiando la investigación y presentación de ofertas, de manera que incorpora procesos de planificación y vigilancia, donde la Cofece tendrá la facultad para “emitir opinión previa vinculante sobre las propuestas, además de requerir a los participantes acreditar sus políticas de integridad corporativa”.

Además, propone mejorar la vigilancia en la ejecución de contratos, por lo que establecer que las dependencias registren en tiempo real “el seguimiento de los procesos de contratación, la puesta en marcha de auditorías externas e internas con base en riesgos, así como ampliar los alcances de la participación de testigos sociales y ciudadanos para monitorear el cumplimiento de las condiciones pactadas en los contratos”.

Cabe destacar que el vienes pasado, esta iniciativa fue entregada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados para su discusión.

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