La modernización del Acuerdo de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM) puede aumentar el riesgo de evasión fiscal y otras actividades financieras ilícitas, alerta un estudio del Grupo de los Verdes del Parlamento Europeo.
“Para evitar que el tratado se utilice con fines de blanqueo de dinero y fraude fiscal, el movimiento de capitales debe ser controlado”, dice a EL UNIVERSAL Thomas Lines, consultor británico independiente y autor del estudio.
“Lamentablemente no vemos que las partes estén interesadas en corregir este problema; por el contrario, existe el riesgo de que la situación empeore como resultado de las negociaciones”, continúa.
Según el estudio, el acuerdo comercial, en vigor desde 2000, no contiene un capítulo explícito sobre regulación fiscal ni cuenta con disposiciones ni regulaciones dirigidas a minimizar las probabilidades de fraude fiscal.
Esto ha favorecido las operaciones especulativas, la repatriación descontrolada de inversiones y la manipulación para el retiro de ganancias por parte de firmas europeas.
Una de las áreas más explotadas por las corporaciones en su intento por reducir su carga fiscal en México es el manejo de precios en las transferencias de bienes, servicios, ingresos y pagos de intereses entre las filiales de la misma empresa en diferentes países, indica el documento.
Las salidas de capital ilícito del país habrían sido equivalentes a 5.2% del Producto Interno Bruto entre 1970 y 2010. “Es decir, por cada 20 pesos generados al año uno sale del país de manera ilícita”, afirma Lines.
Se estima que 80% de los recursos que salieron de México de manera ilícita entre 1990 y 2010 estuvieron relacionados con una manipulación de los precios comerciales.
El documento sostiene que la modernización del TLCUEM debe atender el desvío de fondos introduciendo provisiones de transparencia, requisitos obligatorios sobre el comportamiento de las empresas y fortaleciendo las instancias destinadas a castigar actividades ilícitas. También deberían establecerse obligaciones de los inversores respecto a los derechos humanos.
Por lo pronto, las partes sólo han planteado la posibilidad de introducir un capítulo que reforzaría la protección de las inversiones y limitaría el espacio regulatorio del gobierno. Dicho apartado incluiría la creación de una instancia de arbitraje que facilitaría a los inversionistas iniciar procesos contra los Estados cuando éstos atenten contra sus intereses.
“Este documento demuestra que este tipo de acuerdos no están dirigidos a proteger los derechos de los ciudadanos, sino los de las grandes corporaciones”, dice en entrevista la eurodiputada británica del Grupo de los Verdes Molly Scott Cato.
“Si el acuerdo (modernizado) no es del interés de la ciudadanía, sea de Gran Bretaña, Alemania o México, debemos decir no y mandarlo de vuelta a la mesa de negociaciones”, agregó tras recordar que no sería la primera vez que el Parlamento Europeo bloquea un acuerdo comercial.
Integrantes de la sociedad civil denunciaron el carácter secreto de las negociaciones, al tiempo que expresaron su inquietud por futuros impactos que pueda causar el TLCUEM.