Faltan acciones vs empresas fantasma

 

La Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantendrán una reunión la próxima semana para analizar el tema de las empresas fantasma en el país.

De acuerdo con fuentes de la Función Pública, en el encuentro se intercambiará información sobre dicha problemática con el objetivo de priorizar acciones en contra de este tipo de fraude.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el portal Animal Político en días pasados difundieron una investigación en la que presumiblemente 11 Secretarías de Estado están inmiscuidas en la erogación de recursos públicos por 7,670 millones de pesos a este tipo de organizaciones ficticias.

Para el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, el tema “tiene dos dimensiones: la fiscal y el lavado de dinero (…) En la vía fiscal o de lavado de dinero, pese a los cambios recientes en materia legislativa, hay todavía una implementación deficiente”, indicó.

En materia internacional, dijo el analista, México firmó la figura de beneficiarios reales, que a nivel mundial pretende divulgar los nombres de las personas que, en última instancia, dirigen a las empresas; no obstante, “todavía no hay acciones implementadas”.

Por su parte, el coordinador del área de Justicia Fiscal de Fundar, Javier Garduño Arredondo, afirmó que el problema de las empresas fantasmas afecta tanto a la competitividad como a la productividad del país; sin embargo, “es difícil estimar un monto (económico) específico” que derive de estos casos.

Añadió que una buena noticia es que el gobierno mexicano ha adoptado el estándar internacional de contrataciones abiertas pero, a pesar de ello, dijo Garduño, no se han logrado, hasta ahora, grandes avances en el tema.

El especialista precisó que el problema de las empresas fantasma utilizadas por funcionarios para desviar recursos se ve reflejado en la sociedad a través de la falta de servicios de calidad, además de bienes para la población.

En tanto que Bohórquez concluyó que el riesgo de “no empujar acciones concretas” en el combate a este tipo de empresas provoca mayor “corrupción, impunidad y escándalos recurrentes que afectan las inversiones”.

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