En Financiero. La titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), Diana Bernal, alertó que el uso de facturas y comprobantes fiscales falsos “es un cáncer y el diagnóstico es de metástasis en toda la República”.
“Estos factureros falsos, estas empresas falsas son redes delincuenciales organizadas, que utilizan como accionistas a prestanombres, que bien son gente de escasos recursos, a quien contratan aprovechándose de su necesidad”, denunció.
Bernal dijo que, junto con Morena y en concordancia con la propuesta realizada por el presidente electo, proponen que que este delito pase de penas entre tres meses y seis años a que sea de dos a diez años.
Además, que “pase a la modalidad de delincuencia organizada, con lo cual se convierta en un delito grave que amerite prisión corporal preventiva”.
Explicó que se busca que las personas físicas con actividad empresarial se vean obligadas a retener las dos partes del IVA que se cauce cuando paguen servicios independientes prestados, tanto por personas físicas como por personas morales.
Al participar en el foro ‘Corrupción y empresas fantasma: propuesta de reforma legal para su combate eficaz’, organizado por el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, la actual funcionaria federal propuso reclasificar este ilícito y “que se incorpore en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la emisión y compra de comprobantes fiscales digitales falsos, como delincuencia organizada”.
Morena propuso –como lo publicó El Financiero- penas de hasta diez años de cárcel a quien acuda y participe en las llamadas “empresas fantasma”; reclasificar esta práctica como “delito grave” y hasta considerarla una modalidad de “delincuencia organizada”.
Entre otras medidas, propone la retención de dos terceras partes del IVA causado exclusivamente en prestación de servicios; retención del 10 por ciento del monto de la factura a cuenta de ISR del monto que ampare la factura por concepto de servicios; elevar la penalidad de la emisión, utilización, compra y adquisición de estas facturas falsas en la siguiente forma: aumentar la pena corporal a dos a 10 años de prisión; elevarlo a delito grave; e introducirlo en la modalidad de delincuencia organizada.
“Santo Domingo es un juego de niños, lo de Santo Domingo ya quedó como un juego de niños frente a esta sofisticación y el uso de los sistemas electrónicos y todo eso, pero según nos comentaron hoy en la mañana es aquí en la Ciudad de México, Jalisco, Quintana Roo, en fin”, advirtió el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar.
“Sin exagerar pudiéramos decir que el sexenio del presidente Peña es el sexenio de las empresas fantasmas, de la facturación falsa; hay una gran demanda de facturación falsa y es una demanda que ha cobrado bastante ímpetu a nivel de gobernadores, a nivel de Secretarios de Estado, de instituciones educativas, de instancias legislativas, en todos lados”, afirmó.
Explicó que estas propuestas de reformas “buscan poner un semáforo de alerta para inhibir esta sangría de recursos del presupuesto público”, señalan, y se alerta que “el SAT ha estimado que alrededor de 2.04 billones de pesos han sido facturados por las más de 8 mil 500 empresas publicadas en las listas”.
“Las empresas que venden facturas son conocidas como EFOS o empresas fantasma, pues no tienen operaciones reales, sino que venden comprobantes fiscales emitidos a través de los medios electrónicos (CFDIs) aceptados por el SAT. Éstas generan una grave competencia desleal en detrimento de las empresas y empresarios mexicanos que sí están realmente trabajando y pagando sus impuestos”, detalló.