Vaya que a la Secretaría de Energía, donde manda Rocío Nahle, le ha ido como en feria en los juzgados Especializados en Competencia Económica que llevan Rodrigo de la Peza y Juan Manuel Gómez Fierro.
Desde finales de 2019, ambos jueces han suspendido todos los intentos del Gobierno que buscan favorecer a la CFE, de Manuel Bartlett.
Eso incluye los cambios a Certificados de Energías Limpias; prohibición de conectar nuevas plantas de renovables al Sistema Eléctrico Nacional; la Política de Confiabilidad del SEN; aumentos de tarifas de CFE a plantas privadas y algunos temas incluidos en el Programa Sectorial 2019-2024.
Pero hay un tema donde los jueces no han concedido suspensiones: los cambios a la Política Pública de Almacenamiento de Petrolíferos que entró en vigor el primero de julio pasado, y que según las empresas genera trato discriminatorio.
Hay más de 30 amparos, entre ellos el de Shell, de Alberto de la Fuente; Vitol Energy, que comanda Luis Roca; G 500, de Luz María Gutiérrez; Repsol, que en México lleva Esteban Gimeno, y Grupo PERC, con Alejandro de la Rosa al frente.
Si bien los amparos han sido admitidos, ambos jueces -y tribunales colegiados que los han revisado- se han negado a suspender los cambios para mantener en 5 días el inventario mínimo de combustibles.