Corte congela resolución de amparos contra reforma eléctrica

Juzgados y tribunales deben esperar resolución de la Corte sobre la constitucionalidad de la reforma eléctrica, antes de emitir cualquier amparo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) congeló la resolución de todos los amparos promovidos contra la reforma eléctrica, relacionados con la Ley de la Industria Eléctrica de marzo del año pasado, hasta que el máximo tribunal resuelva sobre la constitucionalidad de las normas que buscan dar preferencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre el sector privado.

En el acuerdo firmado por el ministro presidente, Arturo Zaldívar, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se señala que a partir de este 23 de febrero todos los litigios emprendidos contra dicha reforma deben ser aplazados por jueces y tribunales especializados en competencia económica que los revisan.

Ningún juez o magistrados podrá emitir fallos sobre reforma eléctrica

“En tanto el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve las controversias constitucionales y la acción de inconstitucionalidad, en los amparos en revisión en los que subsista el problema de constitucionalidad del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, se deberá continuar el trámite hasta el estado de resolución y aplazar el dictado de ésta”, señala el acuerdo.

De esta forma, jueces y magistrados no podrán emitir nuevos fallos sobre la reforma eléctrica hasta que la SCJN analice su constitucionalidad y emita el criterio definitivo sobre cómo se deben resolver estos amparos.

Corte analizará constitucionalidad de reforma eléctrica

Se espera que entre abril y mayo el pleno de la Corte resuelva las controversias constitucionales 44/2021, de la Comisión Federal de Competencia Económica y 45/2021, promovida por el gobierno de Colima, así como la acción de inconstitucionalidad 64/2021 impulsada por senadores de oposición.

Estas demandas que llegaron al máximo tribunal del país buscan echar abajo las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica impulsadas por el Gobierno de México y una vez resueltas, fijarán criterios definitivos que los juzgados y tribunales de todo el país deberán seguir para dictar sentencias.

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