En específico, la CRE sólo está a la espera de que la empresa eléctrica y la dependencia federal se pongan de acuerdo en el nivel al que deberá estar el costo de generación, que representará el 60 por ciento de la nueva tarifa, detalló.
Las tarifas de suministro básico serán la suma de las tarifas de transmisión, distribución, operación de los suministradores de servicios básicos, los costos relativos a la operación del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), servicios conexos y el costo de generación.
La CRE ya publicó, desde diciembre del 2015, las tarifas relacionadas a la distribución, transmisión y los costos de operación del Cenace, así como este último ya emitió los precios de los servicios conexos.
“(También) la CRE ya envió una opinión técnica, que no es vinculante, sobre la propuesta de la Sener acerca del precio de generación de la CFE, pero el proceso de revisión de los números aún no termina”, dijo Zúñiga.
“Del proceso entre la CFE y la Sener se va a emitir la resolución en cuanto al reconocimiento de costos de energía relacionados con los contratos legados -bajo la ley anterior-“, agregó, “la CRE no tiene ningún papel en esa interacción”.
La CFE no tenía antes la necesidad de tener costos eficientes o que reflejaran competitividad, explicó el Comisionado, así que pasar a un nuevo régimen de tarifas reguladas será un proceso complejo.
En cuanto al papel de la Secretaría de Hacienda en esta nueva etapa de precios de electricidad, ahora deberá hacer transparentes los subsidios o estímulos fiscales para cada tipo de cliente, dependiendo de su demanda eléctrica y uso final.
Dado que no existe un plazo legal para cambiar al nuevo régimen de tarifas reguladas, no hay una fecha específica para que este proceso se desahogue antes que otros temas pendientes en la regulación, aseguró Zúñiga, pero enfatizó en que debe estar listo en lo que resta del año.
La información relacionada a las tarifas reguladas ha sido solicitada por la industria para poder realizar comparaciones en cuanto a la competitividad respecto a proyectos privados mediante suministradores calificados y, por ende, para la firma de contratos bilaterales de corto y mediano plazo.