La Coparmex pidió a los contendientes erradicar propuestas que generen pobreza, corrupción, inseguridad y enfocarse en aquellas que generen productividad.
El sector patronal exigió a los candidatos a la Presidencia de México, mediante un manifiesto de siete puntos, enfocar sus propuestas para evitar regresar a un pasado autoritario, centralizado y clientelar.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) requirió a los abanderados que contienden para la presidencia el próximo 1 de julio explicar sus propuestas con el fin de erradicar prácticas que han propiciado pobreza, inequidad, desigualdad, ilegalidad, corrupción, privilegios, inseguridad, y el enorme desperdicio de recursos públicos que ha mantenido al país muy por debajo de su potencial.
“Partidos y candidatos: Exigimos conocer sus propuestas concretas a estas siete demandas. ¿Cómo lo harán, con quién, con qué recursos y para cuándo? ¡Queremos escucharlos ya!”, exhortó la Coparmex.
En cuanto a empleo, la cúpula empresarial sugirió una nueva cultura salarial para alinear el salario mínimo general hasta la línea de bienestar personal establecida por el Coneval, de forma consistente cada año desde 2018 y hasta 2020; adoptar esquemas que permitan medir y pagar la productividad de los colaboradores, para tener más capacidad adquisitiva y de ahorro.
En finanzas públicas, piden la conformación de un Consejo Fiscal Independiente, adscrito al Congreso de la Unión, cuyo objetivo sea vigilar la sostenibilidad fiscal y formular pronósticos y recomendaciones en materia de ingreso, gasto y deuda públicos. Implementar una nueva reforma fiscal, más simple y que incremente a los contribuyentes.
Además, solicitan hacer una reingeniería institucional que fortalezca, en lo nacional y en lo local, los mecanismos de coordinación, monitoreo y evaluación de las instituciones implicadas en la prevención del delito, la seguridad pública, la procuración de justicia, los procesos judiciales, la ejecución de penas y la reinserción social.
Por su parte, exigen garantizar la autonomía, independencia y eficacia de la Fiscalía General de la República, mediante la reforma integral al Artículo 102 de la Constitución, en cuanto a Estado de derecho.
Pidieron además educación de calidad desde la primera infancia con capacitación, infraestructura y mejores condiciones laborales de docentes a partir de resultados, con evaluación integral eficaz.
Para tener un desarrollo regional sostenible, proponen una estrategia integral de inversión pública en infraestructura que considere necesidades de corto y largo plazo en todos los niveles de urbanización y revierta los ocho años de crecimiento negativo en este rubro.
Adicionalmente, demandaron integrar un catálogo integral de programas, un padrón único de beneficiarios y una Cédula de Identidad Nacional, para erradicar improvisación, redundancias y discrecionalidad en la política social.